- Ley Ingrid en Chiapas castiga con prisión a funcionarios que filtren material sensible de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos
- Surge como respuesta al caso de Ingrid Escamilla, cuya filtración de imágenes generó indignación nacional.
José Salazar / Karla García / Javier Mendoza / Ainer González /Diseño: Luis Méndez / Fotografía: Erick Bustillos / Diario de Chiapas
Con el objetivo de poner fin a la difusión indebida de imágenes de víctimas de delitos, el Congreso del Estado aprobó una reforma que prohíbe a los servidores públicos tomar, compartir o filtrar fotografías, videos o documentos relacionados con escenas del crimen, en especial cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por la diputada local Catalina Aguiar, forma parte de la llamada Ley Ingrid y busca garantizar la protección de la dignidad y privacidad de las víctimas. La propuesta surgió a raíz de los múltiples casos en que funcionarios difundieron material sensible, como ocurrió con el feminicidio de Ingrid Escamilla, cuyas imágenes fueron filtradas y viralizadas en redes sociales, generando indignación a nivel nacional.
“Queremos evitar que los servidores públicos hagan mal uso de las imágenes que obtienen durante su trabajo. Antes se pensaba que solo aplicaba para policías o personal de Protección Civil, pero esta ley abarca a todos los servidores públicos”, explicó la legisladora por el Distrito 18.
Revictimización y morbo institucional
De acuerdo con Aguiar, la práctica de tomar fotografías en escenas del crimen y difundirlas en grupos de mensajería o redes sociales se ha convertido en una costumbre nociva en distintos niveles de gobierno.
La diputada advirtió que estas acciones no solo vulneran la privacidad y dignidad de las víctimas, sino que reproducen una cultura de insensibilidad frente a la violencia y el dolor ajeno.
Sanciones severas y libertad de expresión
La reforma establece penas de tres a ocho años de prisión para los servidores públicos que difundan material relacionado con delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.
Casos recientes, como el de las hermanas asesinadas en San Juan Chamula, evidenciaron la necesidad de la medida.
“Aunque las imágenes filtradas no mostraban el modo en que se cometió el crimen, sí expusieron los cuerpos de las niñas. La familia no tenía por qué pasar por ese doloroso escarnio”, lamentó la diputada.
Aguiar precisó que la reforma no busca sancionar a periodistas ni limitar la libertad de prensa.
“No se trata de censura, sino de respeto. Nadie merece estar en la portada de un periódico o circular en redes sociales por ser víctima de un delito. Debemos ser empáticos y ponernos en el lugar de las familias”, expresó.
La legisladora indicó que la Fiscalía General del Estado implementará un programa de capacitación y concientización dirigido a medios de comunicación, con el fin de dar a conocer los alcances de la nueva norma y promover prácticas informativas que eviten la revictimización.
Sistema encriptado para evitar filtraciones
Como parte de las acciones complementarias, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas implementará un sistema encriptado de comunicación para impedir la difusión de imágenes durante emergencias.
El titular de la dependencia, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que el nuevo sistema permitirá mantener comunicación segura entre delegados y secretarios municipales mediante equipos de radio “Evos”, con tecnología Push To Talk (PTT) y llamadas convencionales.
“Estamos implementando un sistema con equipos de comunicación Evos, que permitirá mantener contacto en tiempo real y garantizar la seguridad de la información”, explicó el funcionario.
El sistema posibilitará geolocalizar la atención de emergencias y crear un chat cifrado entre las autoridades municipales y el Centro de Monitoreo Estatal de Protección Civil.
“Con esta tecnología buscamos que las conversaciones y el intercambio de información durante una emergencia estén completamente cifradas, sin posibilidad de extraer imágenes o difundir contenido que vulnere la privacidad de las víctimas o sus familias”, agregó.
Cordero Rodríguez señaló que la medida responde al compromiso del gobierno estatal de proteger la dignidad y los derechos humanos de las personas involucradas en accidentes o situaciones críticas.
El programa iniciará como proyecto piloto en Tuxtla Gutiérrez y la región metropolitana, donde el personal operativo recibirá capacitación sobre el uso del sistema. Posteriormente, se invitará a los ayuntamientos a sumarse.
Con la aprobación de la Ley Ingrid y la implementación del sistema encriptado, Chiapas busca sentar un precedente en la protección de la dignidad, esto frente al uso indebido de la información pública.
Celebran reforma, pero la exigencia continúa
Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de la colectiva en Chiapas, expresó que la reforma al Código Penal estatal constituye “un paso necesario hacia el respeto de la dignidad de las víctimas”, ya que busca evitar su revictimización mediante la difusión irresponsable de fotografías o material gráfico.
“Nos alegra que el Congreso haya aprobado esta iniciativa. Estas reformas dan la oportunidad de que se respete a las víctimas y a sus familias cuando ocurre un feminicidio. Hemos sido testigos, a través de esas imágenes terribles, de la violencia machista que aún enfrentamos”, señaló Cariño Pozo.
La activista recordó que, si bien esta modificación representa un avance, la lucha contra la violencia de género sigue enfrentando desafíos profundos en la entidad, donde los asesinatos de mujeres continúan siendo una dolorosa constante.
“Nos duele cada vez que una mujer es asesinada o violentada. Siempre exigimos justicia pronta y el esclarecimiento de los hechos, con el cumplimiento del protocolo para investigar con perspectiva de género, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales”, agregó.
Cariño Pozo hizo un llamado a fortalecer la capacitación y sensibilización de los servidores públicos que atienden casos de violencia, pues —dijo— muchas veces la filtración de imágenes proviene de las mismas instancias encargadas de la investigación.
“No dejaremos de exigir que quienes intervienen en estos procesos lo hagan con profesionalismo, ética y, sobre todo, con perspectiva de género, respetando los derechos humanos”, enfatizó.
