La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, externó su preocupación de que la Corte pueda dejar inaplicable la prisión preventiva, pues permitirá la liberación de presuntos delincuentes.
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Eliminar la prisión preventiva implicará la liberación de 68,000 presuntos delincuentes, entre ellos los acusados de homicidio, secuestro, violación y narcotráfico, alertó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
Durante la conferencia matutina de este martes, la encargada de la política interna del país expuso que ven con preocupación la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva de oficio, la cual está regulada en el artículo 19 de la Constitución.
“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicable la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos es una instancia judicial internacional que pertenece a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes. incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, explicó.
Si la Corte deja inaplicable la prisión preventiva, la cual permite que un presunto delincuente enfrente un proceso en prisión sin riesgo de fuga y salvarguardando la seguridad de víctimas y testigos, se estará excediendo, dijo Alcalde Luján.
“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa”, dijo.
Con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, se dejarán a 68,000 presuntos delincuentes en libertad, entre ellos:
-1,640 acusados de homicidio.
-7,150 acusados de secuestro.
-5,617 acusados de violación.
-4,013 de narcotráfico y narcomenudeo
-3,800 de portación de armamento y explosivos.
-1,405 de feminicidio.
-1,273 de abuso infantil y corrupción de menores.
“La liberación de estas personas pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal de la policía, al personal de la fiscalía, a los propios juzgadores”, resaltó.
Además, dijo que existe el riesgo de la comisión de nuevos delitos, porque se trata de poner en libertad a algunos vinculados con el crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, además de que tienen un alto riesgo de darse a la fuga.
