Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-
La Auditoría Superior del Estado (ASE) cumple un año de gestión con un saldo contundente: más auditorías, hallazgos millonarios y contrastes que evidencian los descuidos de administraciones anteriores en la fiscalización de los recursos públicos.
En esta nueva etapa, se detalló que se programaron 256 auditorías a las Cuentas Públicas 2024: 66 a Poderes del Estado y Organismos Autónomos, 145 a ayuntamientos, 5 a Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, y 40 a Sistemas Municipales DIF, marcando la primera revisión de este tipo en 20 años.
Durante el ejercicio 2025, la ASE entregó 163 informes al Congreso del Estado, que generaron 863 observaciones relacionadas con recursos estatales, con un impacto económico de 7,296.87 millones de pesos, y 1,248 hallazgos sobre recursos federales, por 2,648.36 millones de pesos, remitidos a la Auditoría Superior de la Federación para su seguimiento.
El informe también evidencia diferencias abismales entre la Cuenta Pública 2023 y la 2024.
El caso más contundente es el del Instituto de Salud, que en 2023 registró cero observaciones, pese a manejar miles de millones de pesos bajo la administración de Pepe Cruz, actual senador de la República. En la revisión de 2024 se detectaron irregularidades por 5,477,523,583.76 pesos a la misma gestión.
Otros casos destacados son la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, que pasaron de cero observaciones en 2023 a inconsistencias por más de 100 millones de pesos en 2024.
Los 124 ayuntamientos del estado también reflejan disparidades significativas entre las cuentas públicas de 2023 y 2024, tanto en número de observaciones como en montos, lo que evidencia que la fiscalización anterior no era tan rigurosa como la actual.
Toda esta información está disponible para la ciudadanía en el Sistema Público de Datos Históricos de Auditoría, que integra los resultados de las Cuentas Públicas desde 2017.
La ASE enfatiza que su labor ha sido exhaustiva y puntual, y ahora corresponde a las autoridades de justicia dar seguimiento a los hallazgos para que se traduzcan en sanciones y resultados concretos.
