Gabriel Sánchez / Corresponsal Diario de Chiapas
Los Bosques, Chiapas. — Pese a las constantes recomendaciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, sobre el manejo imparcial y transparente de los recursos públicos, la realidad en diversos ayuntamientos de la Región de los Bosques parece caminar en sentido opuesto. Entre señalamientos de corrupción, funcionarios locales han hecho caso omiso al llamado de integridad que emana tanto de la Presidencia de la República como del gobierno de la Nueva ERA.
Las denuncias apuntan a que una parte considerable de los fondos destinados a obra pública, seguridad y apoyos sociales está siendo desviada para financiar actos proselitistas y campañas adelantadas. A este escenario se suma una preocupante táctica de intimidación: el uso de la fuerza pública y la represión para silenciar cualquier manifestación ciudadana que intente cuestionar la gestión de los actuales funcionarios.
Resulta imperativo que el Gobierno del Estado aplique «mano dura» contra estos malos servidores públicos. Mientras el gobernador Eduardo Ramírez y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trabajan por el bienestar del pueblo chiapaneco, estos alcaldes parecen jugar un doble papel: por un lado, extienden la mano en señal de unidad, y por el otro, traicionan los principios de la transformación al priorizar intereses particulares sobre las necesidades del pueblo.
El aparente silencio en la Región VII de Los Bosques no debe confundirse con aceptación. La manipulación de los recursos federales y estatales, sumada a las amenazas y al control ejercido por asesores y alcaldes, podría traer graves consecuencias para los proyectos políticos en las próximas contiendas electorales, tanto a nivel estatal como federal.
El hartazgo social es una factura que, tarde o temprano, los partidos y sus candidatos tendrán que pagar en las urnas si no se pone freno inmediato a la corrupción local.
