Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El caso del denominado Cártel Inmobiliario de Chiapas continúa en los tribunales, donde Gustavo Adolfo “N”, señalado como presunto líder de esta red, permanece bajo prisión preventiva justificada desde el pasado 26 de junio en el reclusorio “El Canelo”.
De acuerdo con las investigaciones, Gustavo Adolfo “N” enfrenta hasta el momento cinco procesos penales, que en conjunto ascienden a aproximadamente 80 millones de pesos. En tanto, Erick “N”, señalado como su principal colaborador, enfrenta nueve procesos en curso.
Las autoridades han documentado que, durante años, los hoy imputados habrían obtenido recursos millonarios mediante presuntos fraudes a ciudadanos que confiaron su patrimonio en supuestas inversiones inmobiliarias seguras.
En el penal “El Canelo”, versiones internas apuntan a que Gustavo Adolfo “N” mantiene comunicación directa con Erick “N” para coordinar la estrategia de defensa. Pese a que los imputados alegan una supuesta insolvencia económica, los expedientes judiciales contienen pruebas y testimonios que los vinculan como operadores activos del esquema fraudulento.
En este contexto, trascendió que el abogado José Alfredo García Ortega, del bufete “García Ortega”, asumirá la defensa de Erick “N” en próximas audiencias. Sin embargo, víctimas y afectados han manifestado que, hasta ahora, ninguno de los presuntos implicados ha buscado un acuerdo reparatorio.
La investigación también apunta a la participación de notarios que habrían avalado folios y poderes a favor de esta red inmobiliaria, entre ellos Rogelio Robles Sasao, Juan José Fuentes, Ovidio Cortázar, Lindbergh Noel Salazar y Rogelio Edgardo Robles Pereyra, cuyos nombres figuran en las indagatorias.
Las víctimas han reiterado su determinación de recuperar el patrimonio perdido. “No nos daremos por vencidos, el cártel inmobiliario debe repararnos el daño y quebranto económico”, expresaron en un posicionamiento conjunto.
El proceso judicial contra el denominado Cártel Inmobiliario apenas inicia y se prevé que, en los próximos meses, se definan nuevas vinculaciones a proceso que podrían extender la red de responsabilidades.
