José Salazar/Diario de Chiapas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez desvió recursos públicos para saldar gastos generados por los foros realizados en el Hotel Marriot de la capital por quien consideraba su sucesor, Aquiles Espinosa García, esto de acuerdo a la cuenta pública del mes de enero de este año.
Dicho documento publicado por la regidora Adriana Guillén Hernández en sus redes sociales, votó en contra de la aprobación de dichos gastos, existe una irregularidad que debe ser analizada y supervisada por Auditoría Superior del Estado.
Los recursos pagados por el Ayuntamiento de Tuxtla con la partida presupuestal número 3821, bajo el rubro de Gasto de Orden Social y Cultural, se observan cuatro pagos realizados por Operadora Turística de Tuxtla S.A. de C.V.; uno de ellos por la cantidad de $81,468.01 (ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho mil 01/100 M.N.) y tres de ellos por la cantidad de $81,468.01 (ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho mil 00/100 M.N.), lo que presenta una relación y presunto desvió de recursos del erario municipal.
Adriana Guillén manifestó que el Ayuntamiento no emitió boletín alguno, no existe sustento de dichos eventos, que al realizar una investigación exhaustiva todos coinciden con eventos realizados por quien en ese momento pretendía ser el coordinador de la Cuarta Transformación en Tuxtla.
Dinero del ayuntamiento, recursos público que dejaron de ser destinados para alumbrado, mejoramiento de calles, para obra sociales en colonias, para el fortalecimiento de la seguridad que mucho hace falta, se justificaron para pagar eventos para dar de comer 279 personas en el salón Chiapas, del Hotel Marriot de esta capital, donde no hay evidencia de eventos o actos del ayuntamiento, pero todos coinciden con acto de Aquiles Espinosa, mismos que fueron cotejados por la regidora.
Con este sustento y estos motivos la regidora votó en contra del avance de la cuenta pública mensual del 1 al 31 de enero del 2024, pido a los órganos: Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Auditoría Superior del Estado, y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, actuar ante un posible delito.
