- Extienden escrito donde advierten inicio de proceso judicial contra el activista Luis Villagrán y migrantes
José Cancino / Corresponsal Diario de Chiapas
Tapachula, Chiapas.- La Fiscal del Ministerio Público en el Distrito Fronterizo Costa, Rosa Isabel Reyes Gallegos, busca frenar a toda costa la movilización de miles de migrantes que el próximo 24 de diciembre saldrían en caravana desde Tapachula.
Bajo el argumento de la posible comisión “ataques a las vías de comunicación en su modalidad de bloqueo y lo que resulte”, la FGE intenta fabricar hechos delictuosos que no s e han cometido, dado que desde que los migrantes y el activista Luis García Villagrán iniciaron con la colecta de firmas y la elaboración de amparos, se han hecho en total tranquilidad y sin afectar a terceros.
En un escrito dirigido al delegado de gobierno en Tapachula, José Antonio Matali Lloranca, la funcionaria de la FGE acusa directamente al activista de dirigir a los extranjeros a dichas movilizaciones, por lo que pide se brinde la atención inmediata a través de mesas de diálogo.
La empleada del poder de justicia en Chiapas acota que se está integrando un registro de atención por el delito en mención y, aunque pide que se dé una solución a la demanda migrante, la acción ha sido considerada como un acto intimidatorio por parte de la comunidad migrante, que ha señalado no dará marcha atrás a su salida en caravana.
“En consideración a que los imputados resultan ser grupos de Migrantes, dirigidos por Luis Rey García Villagrán, a fin de evitar hechos violentos de difícil o imposible reparación y la realización de ilícitos o la puesta en marcha de mecanismos insidiosos que pretendan vulnerar el Estado de Derecho y que pudiesen violar Derechos Fundamentales de los Ciudadanos y del Estado, así como resguardar el Orden Social informo a usted los hechos”, reza el escrito.
El posicionamiento llega después que García Villagrán ha denunciado la colusión entre criminales y funcionarios de la propia FGE, presuntamente inmiscuidos en la expedición de actas de delitos que permiten la expedición de permisos por razones humanitarias, a costos que enriquecen a esta red.
