- En Chiapas, funcionarios y coyotes persiguen a extranjeros para cobrarles y llevarlos hasta el norte
José Cancino / Corresponsal Diario de Chiapas
Tapachula, Chiapas.- El Instituto Nacional de Migración (Inami) anunció la suspensión de deportaciones de miles de migrantes, al argumentar que no cuenta con los recursos necesarios para tales tareas, mientras las críticas se intensifican por el despilfarro de dinero en retenes “fantasma” y traslados que han sido utilizados por propios agentes del Inami para amasar fortunas.
Activistas defensores de derechos humanos han señalado que se trata de un discurso ficticio señalar que no hay recursos, cuando se han empleado millones de pesos para montar puntos de inspección que solo simulan atención a la comunidad extranjera.
“Migración lo que hace es dejar pasar a los migrantes y coacciona accidentes, asaltos y actos violentos contra migrantes, con ello justifican la entrega de denuncias de víctimas de delitos y por ende el otorgamiento de documentos migratorios, previo al pago correspondiente”, señalan activistas.
Por su parte, el activista Luis García Villagrán ha denunciado que en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, los funcionarios de Inami filtran y venden los listados de migrantes que presuntamente serán deportados, y por arte de magia se aparecen los abogados vendiéndoles amparos a los extranjeros para evitar ser deportados.
A los puntos de revisión del Inami los han denominado retenes de la impunidad, ya que a diario cientos de centroamericanos, sudamericanos y demás extranjeros pasan sin problema alguno, rodean la “vigilancia” o aquellos que llegan a entregarse son invitados a seguir caminando sin ningún tipo de asistencia humanitaria.
Los activistas defensores de migrantes también han señalado en repetidas ocasiones que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar la procedencia de contratos de insumos y materiales que se utilizan al montar estos puestos de inspección, presuntamente orquestados por altos funcionarios del Inami.
También han denunciado la serie de corruptelas, irregularidades y la red de venta de papeles, permisos y traslados por parte de agentes migratorios.
La suspensión de las deportaciones por parte del gobierno mexicano tensa la situación política con Estados Unidos, que en la recta final de 2023 ha presionado para que México devuelva y procese a miles de migrantes que están en tránsito por el país y en ruta a la frontera norte.
Los defensores de derechos humanos también han recriminado las funciones de la Guardia Nacional, que en lugar de combatir a las células criminales que cada día operan con más presencia en Chiapas, se concretan a permanecer sin oficio alguno en tales puntos inspección y también a retener migrantes en otras partes del sur de México.
A pesar de las denuncias de los activistas, ante la FGR Chiapas, todo sigue igual y sin resultados, por lo que han optado por llevar su denuncia a las oficinas centrales en la CDMX, donde al parecer ya se iniciaron las carpetas de investigación.
