M de R / Diario de Chiapas
Tila, Chiapas.- Una violenta emboscada ocurrida la tarde de este miércoles en el municipio de Tila, Chiapas, dejó como saldo dos personas ejecutadas y cuatro más gravemente heridas por arma de fuego, además del desplazamiento forzado de familias que huyeron hacia la montaña ante el temor de nuevos ataques.
De acuerdo con testimonios de ejidatarios de la región, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos armados presuntamente vinculados a la organización criminal conocida como “los autónomos”, con centro de operaciones en Sañoja. Los pobladores señalan como presuntos líderes a José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El Quemado”, y Francisco Pérez Pérez, alias “El Postes”, originario de la comunidad Nicolás Bravo.
Los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, en la entrada al sitio conocido como “La Bodega”, en el anexo Río Grande, donde las víctimas fueron interceptadas mientras viajaban a bordo de un vehículo color rojo.
En el lugar, dos personas fueron ejecutadas; una de ellas recibió el llamado tiro de gracia y posteriormente fue calcinada con gasolina, según relataron testigos.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Domingo Sánchez Gutiérrez, originario de Río Grande, quien horas antes había acudido a la Fiscalía a presentar una denuncia formal en contra de José del Carmen Jiménez Pérez. Al regresar a su comunidad, fue asesinado de manera brutal.
Las personas lesionadas por impactos de arma de fuego fueron identificadas como: Dionisio López Gutiérrez, originario de Cantioc; José Vázquez Martínez, ejidatario legal de Río Grande; Fernando Pérez Pérez, originario de Cantioc, quien viajaba acompañado de su esposa tras regresar de Petalcingo.
Los cuatro heridos fueron trasladados de emergencia a hospitales de Tila y Yajalón, donde permanecen bajo atención médica.
Habitantes de Río Grande y del anexo Cantioc informaron que varias familias abandonaron sus hogares y se internaron en la montaña por miedo a una nueva masacre.
Ejidatarios denunciaron omisiones graves por parte de los gobiernos federal y estatal, a quienes acusan de permitir la operación del grupo armado pese a la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las FRIP, así como de no ejecutar órdenes de aprehensión vigentes.
