Lucía Trejo / Corresponsal Diario de Chiapas
Berriozábal, Chiapas.- Habitantes de Berriozábal y propietarios afectados exigen a las autoridades de Chiapas dar seguimiento al proceso de desalojo de predios invadidos desde julio de 2010. En esa fecha, varios terrenos ubicados en las zonas conocidas como Alacranes, Custon y Magaly fueron tomados de forma ilegal por un grupo liderado por Marco Antonio “N”, identificado como presunto dirigente de la organización ORCASA.
Durante casi una década, los dueños legales de los terrenos mantuvieron reuniones con diversas instancias de gobierno. Fue hasta noviembre de 2019 cuando se autorizó el desalojo, tras agotar las diligencias necesarias. Sin embargo, la llegada de la pandemia detuvo los procedimientos y desde entonces el proceso quedó paralizado.
Además del perjuicio económico para los propietarios, algunas familias que habitan estos predios enfrentan abusos y extorsiones por parte de los mismos líderes de la organización. Se reporta que deben entregar pagos constantes para evitar ser expulsados sin previo aviso ni reembolso de lo entregado.
Marco Antonio “N” cuenta con una orden de aprehensión que no ha sido cumplida. A lo largo de los años, diversas autoridades han argumentado que el dirigente goza de protección dentro de círculos gubernamentales, lo que ha impedido su detención.
Ante esta situación, los afectados hacen un llamado al gobernador Eduardo Ramírez, al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y al secretario de Seguridad Óscar Alberto Aparicio Avendaño para que intervengan de manera inmediata y devuelvan los terrenos a sus legítimos propietarios.
