Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura
Romero Basurto, participó de manera virtual en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del
Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública (Snaip), con el
objetivo de desahogar la agenda del órgano colegiado y fortalecer los mecanismos de
coordinación en materia de transparencia a nivel nacional.
Durante la sesión se abordaron diversos temas de relevancia para el fortalecimiento
institucional, entre ellos la aprobación de actas de sesiones anteriores, así como el
análisis y validación de lineamientos en materia de transparencia y acceso a la
información pública, elementos clave para garantizar el ejercicio de este derecho por
parte de la ciudadanía.
Asimismo, se llevó a cabo la revisión de informes de actividades y el seguimiento
puntual de los acuerdos correspondientes al ejercicio 2025, con el propósito de dar
continuidad a las acciones implementadas y evaluar los avances alcanzados en la
consolidación de políticas públicas orientadas a la rendición de cuentas.
Dentro de los puntos más destacados, se aprobó la emisión de lineamientos para la
publicación y estandarización de la información de transparencia, lo que permitirá
homologar criterios y facilitar el acceso a la información en todo el país. De igual
forma, se analizaron y fortalecieron los procedimientos de atención a solicitudes de
acceso a la información, con el fin de hacerlos más eficientes, claros y accesibles para
la población.
La participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) en estos
espacios nacionales refrenda el compromiso del Gobierno del Estado con la legalidad,
la transparencia y la construcción de instituciones abiertas, modernas y cercanas a la
ciudadanía.
La titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, reitera la importancia de continuar
impulsando acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, que
permitan consolidar una cultura de transparencia, fortalecer la confianza ciudadana y
garantizar el acceso pleno a la información pública como un derecho fundamental.
