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Garantizar integridad de niños, niñas y adolescentes

  • Redias hace un llamado a autoridades a investigar intoxicaciones en planteles educativos

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

Bochil, Chiapas.- La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) hizo un llamado urgente a las autoridades del gobierno estatal a investigar la intoxicación de estudiantes en los planteles educativos de Bochil y Tapachula presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas.
«Recordamos a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que el Operativo Mochila es violatorio de los derechos a la educación, intimidad, participación y presunción de inocencia de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la Recomendación 48/2019 de la CNDH y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2021».
Enfatizó que el Protocolo de Prevención de Riesgos Psicosociales en las escuelas de la entidad debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez, así como basarse en medidas de protección y cuidado que respeten su dignidad y la de todas las personas en la comunidad escolar.
Por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades del gobierno estatal a investigar lo sucedido para garantizar la integridad de las y los estudiantes víctimas de este suceso, así como de las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos del estado.
Destacó que en el último mes se ha registrado la intoxicación de al menos 170 adolescentes de 11 a 15 años, en instalaciones secundarias de los municipios de Tapachula y Bochil. De acuerdo a notas periodísticas, desde el pasado 6 de septiembre se dio el primer caso de intoxicación en estudiantes de la Telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón en Tapachula: 10 adolescentes presentaron convulsiones y desmayos.
«También en ese municipio, el 23 de septiembre se registró la intoxicación de 34 estudiantes de la Secundaria Federal N.1 Constitución Mexicana quienes presentaron como síntomas dificultad respiratoria, pupilas dilatadas y taquicardia».
Agregó que recientemente, el 7 de octubre, 110 estudiantes de la Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil presentaron síntomas de intoxicación como agitación, alucinaciones y desmayos. «Actualmente, 11 estudiantes se encuentran todavía hospitalizados y 1 de ellos con pronóstico grave. Del mismo modo, 29 madres y padres de familia han realizado denuncias penales ante quienes resulten responsables».
Indicó que, aunado a eso, el 11 de octubre se dio el más reciente caso de intoxicación, nuevamente en el municipio de Tapachula: 18 estudiantes de la Secundaria Federal N.1 Constitución presentaron síntomas de mareo y vómitos.
«Representantes del gobierno estatal mencionaron que aún se desconocen las causas y los actores que participaron estos presuntos hechos delictivos y anunciaron que con el fin de prevenirlos se implementará en todas las escuelas secundarias del estado el Protocolo de Prevención Escolar de Riesgos Psicosociales, dentro del cual se considera la realización del Operativo Mochila».
Aseguró que el Protocolo de Prevención de Riesgos Psicosociales en las escuelas de la entidad debe considerar como eje rector el interés superior de la niñez, así como basarse en medidas de protección y cuidado que respeten su dignidad y la de todas las personas en la comunidad escolar. El contacto de las y los adolescentes con sustancias ilícitas les convierte en víctimas de la delincuencia, no en culpables y es el Estado quien debe generar estrategias y alternativas para proteger sus derechos.
«En los 4 casos existen indicios de que las y los adolescentes fueron intoxicados. Sin embargo, no se ha clarificado cómo ocurrieron estos hechos; sin esta información resulta preocupante la respuesta del estado criminalizar a los estudiantes con el Operativo Mochila que les presupone como potenciales delincuentes».
Finalmente, Redias sostuvo que estos hechos exponen la incapacidad del Estado en la efectiva protección de niñas, niños y adolescentes y demuestran el grado de descomposición del tejido social que existe en Chiapas, así como la indefensión de la población infantil y adolescente ante la escalada de los grupos criminales y el trasiego de drogas.

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