• Se va el funcionario que no fue juzgado por muertes en Chiapas y los 40 migrantes en Ciudad Juárez
M de R
Activistas y organismos defensores de derechos humanos dijeron estar decepcionados tras la noticia de que el aún comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami), Francisco Garduño Yáñez, fue exonerado de la tragedia migrante en Ciudad Juárez.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que «no hay nada» contra Garduño, que está bajo proceso en indagatorias por la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria de aquella ciudad fronteriza, pero anunció que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, sustituirá al funcionario a partir de diciembre.
A decir de los defensores de derechos humanos, Garduño Yáñez dejará un Inami hundido en el crimen organizado. “Sólo en la frontera sur de México, los grupos criminales se disputan el trasiego y control de los cientos de migrantes que a diario ingresan a territorio nacional”, refirieron.
Ante este calvario que viven los migrantes en México, son más de 300 organizaciones que exigen en el Congreso alternativas a la política migratoria mexicana. Los colectivos proponen 10 “medidas urgentes” para cambiar la estrategia de acogida, que implican reformas sustanciales en la ley de migración, sin embargo, no hay avance.
La estrategia migratoria solo ha servido para que el crimen organizado se dispute el trasiego de indocumentados vía terrestre, marítima y aérea, en contubernio con funcionarios corruptos de todas las instituciones, pero principalmente del propio Inami.
Mientras tanto, en los pasillos del Inami se grita a los cuatro vientos que Francisco Garduño solo se ha dedicado a establecer relaciones de tipo sentimental con varias integrantes de este instituto en distintas entidades.
Ahora los traficantes de humanos se vuelven víctimas, ya que existe contubernio con las propias autoridades estatales, sin respetar a las fuerzas de seguridad mexicanas, a consecuencia de los arreglos que tienen las propias autoridades del Inami.
Activistas como Luis Rey García Villagrán han denunciado en reiteradas ocasiones que los titulares de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz deberían de ser llamados a cuenta para juzgarlos, por crímenes de lesa humanidad.
