• Acudieron a la SCJN los legisladores Marco Antonio Mendoza, Jorge Triana y Gabriela Sodi, en representación de sus grupos parlamentarios.
• Estipulan que la mayoría parlamentaria cometió múltiples violaciones al proceso legislativo, vicios que van en contra de los principios de seguridad jurídica y legalidad.
• Denuncian que la ley expedida es centralista, deja en incertidumbre la aplicación de recursos para investigación, ciencia y tecnología, y discrimina a una parte de los investigadores y científicos mexicanos.
Diputadas y diputados federales de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PRD presentaron, este día, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El vicecoordinador de la bancada revolucionaria, Marco Antonio Mendoza Bustamante, explicó que este recurso se presenta, cumpliendo con el requisito del 33 por ciento de firmas de legisladores, en respuesta a que Morena está aprobando distintas leyes y reformas sin respetar el procedimiento legislativo y dando la espalda al pueblo mexicano.
“Las acciones de inconstitucionalidad son porque hay violaciones a la Constitución, a las leyes, al reglamento de la Cámara de Diputados, porque los legisladores oficialistas hicieron dispensa de trámites”, subrayó.
A ello, agregó que, además, son reformas regresivas porque obstaculizan el acceso a las personas a sus derechos. En el caso de la Ley de Humanidades, detalló: invisibiliza a las universidades privadas y a los investigadores que laboran en ellas; quita presupuesto para la materia y el que se otorgue será aplicado de forma discrecional y al arbitrio del grupo en el gobierno; y desaparece la rectoría del Conacyt, por lo que, consideró, el país retrocede en materia de desarrollo científico y tecnológico.
En el documento, se precisa que el debido Proceso Legislativo establecido en la Constitución, La Ley del Congreso y los Reglamentos de ambas Cámaras, fueron violentados por la mayoría parlamentaria, lo cual, transgrede el correcto desarrollo de una discusión de cualquier Ley, misma que debe seguir reglas ya establecidas para que sea un procedimiento legítimo y democrático.
Argumentan que en un régimen político y democrático como el de México, las decisiones se toman a partir de los debates públicos, argumentados y abiertos a una amplia participación ciudadana, en un intento de generar consenso.
Por ello, estipulan que la mayoría parlamentaria cometió múltiples violaciones a los principios de democracia deliberativa, deliberación parlamentaria, seguridad jurídica y legalidad, al impedir la realización de foros, desactivar el debate parlamentario y desarrollando el proceso legislativo de manera opaca, sin transparencia, sin difundir documentos, en sedes alternas ilegales.
Además, denuncian que el cargo de Senadora, emanado de la Constitución, fue violado, ya que la Senadora Claudia Balderas se encontraba en viaje de representación parlamentaria en Bélgica, por lo cual, era material y físicamente imposible que ella solicitara licencia al cargo, puesto que, precisamente iba a esos fines.
Los diputados federales de los partidos de la alianza “Va por México” estiman que hubo una posible falsificación de la firma autógrafa de dicha senadora y que la senadora suplente tomó Protesta de Ley en un marco procesal oscuro, sin transparencia y con ello, votó a favor de dictámenes, actos para los que no estaba facultada constitucionalmente a realizar.
En la entrega de la acción de inconstitucionalidad ante Oficialía de Partes de la SCJN, además del diputado por Hidalgo Marco Antonio Mendoza Bustamante, acudieron Jorge Triana Tena, en representación de los panistas, y Gabriela Sodi Miranda, por el PRD.
