El Senado de la República aprobó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, garantizando la autonomía de los Congreso locales, tal como lo establece la Constitución.
Por unanimidad, los senadores eliminaron la propuesta enviada por la Cámara de Diputados, que establecía que los congresos locales debían acatar la decisión de la Cámara de Diputados con respecto al desafuero de gobernadores y funcionarios locales.
“De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. En el caso del enjuiciamiento por responsabilidad penal del presidente de la República se abría también la posibilidad de un escenario de crisis política poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, y finalmente, era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte”, dijo Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI.
Tras varias semanas de negociación, los legisladores acordaron que se mantiene la protección de los mandatarios estatales cuando sean sometidos a juicio de desafuero, en tanto los congresos locales “en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, tal como ocurrió en el caso del gobernador de Tamaulipas.
“El Senado es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes, tampoco se está legislando ad casum contra Cabeza de Vaca, quien legisló a favor de Cabeza de Vaca 55 días después de desaforado fue el Congreso Local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia una vez destituido por el desafuero”, reiteró Germán Martínez, senador de Morena.
La minuta devuelta a la Cámara de Diputados establece que la ciudadanía podrá solicitar la declaración de procedencia para sancionar, destituir o incluso inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, incluyendo al presidente, que incurran en violaciones graves a la Constitución, las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales.
Se eliminó que la declaración de procedencia fuera solicitada únicamente por el ministerio público para sancionar, destituir o incluso inhabilitar a los funcionarios de alto nivel, devolviendo ese derecho también a la ciudadanía.
“Este proyecto legislativo contempla procedimientos y reglas más claras para cuando un funcionario, incluyendo los de más alto nivel violenten la ley, hagan mal uso o roben recursos públicos puedan ser juzgados inhabilitados, destituidos o incluso encarcelados”, detalló Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, senadora del PT.
El juicio político sólo podrá iniciarse mientras el servidor público se encuentre en el cargo o en el año posterior del encargo.
Con la información de: Televisa.NEWS
