David Fields
…Continuidad calibrada (era Biden)
La administración Biden suavizó moderadamente, pero sin duda mantuvo, las sanciones impuestas durante las eras Obama y Trump, a pesar del considerable coste humanitario. En abril de 2021, la portavoz Jen Psaki afirmó que la administración «no tenía planes de levantar las sanciones», ya que las consideraba «una herramienta importante para presionar al régimen» (La Casa Blanca, 2021). Se instituyeron exenciones mínimas y reversibles, como la concesión a Chevron de una licencia limitada para participar en el comercio de petróleo venezolano estrictamente para el pago de la deuda.
La administración sí llevó a cabo un proceso diplomático, apoyando las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición en México durante 2021-2022, pero este tenía como objetivo estratégico poner a prueba si tales conversaciones podían «dividir» a la coalición chavista y evaluar la disposición del régimen a hacer concesiones bajo presión diplomática (Departamento de Estado de EE. UU., 2022). Tras las conversaciones, cuando el Gobierno de Maduro liberó a presos políticos y accedió a un fondo social gestionado por la ONU que utilizaba activos congelados, Estados Unidos no respondió con un levantamiento recíproco de las sanciones. En cambio, la respuesta consistió en la detención de un importante diplomático venezolano (Alex Saab) por sospecha de blanqueo de capitales, lo que transmitió un mensaje claro: las negociaciones solo se atenderían con exigencias de rendición.
El acontecimiento más significativo durante la administración Biden fue la normalización preliminar de las acciones paramilitares. Un ejemplo notable se produjo en agosto de 2024, cuando las autoridades estadounidenses, en coordinación con el autoproclamado «gobierno» de Guaidó, confiscaron el petrolero venezolano Peten en aguas internacionales, justificando la acción como una violación de las sanciones (Reuters, 2024). A esta incautación le siguieron operaciones más amplias que utilizaron las facultades ampliadas de «lucha contra el narcotráfico» establecidas por la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024 para perseguir a los buques pesqueros venezolanos como supuestos traficantes de drogas (The Independent, 2025).
Guerra total por los recursos (Trump II)
El regreso de Donald Trump en 2025 ha dado lugar a un conflicto más abierto por los recursos.
La «Ley de Autorización para la Restauración Democrática de Venezuela» (VDRA) se aplicaría con una estructura inversamente paralela a las Enmiendas Boland de la década de 1980: en lugar de restringir la ayuda a los contras, esta legislación la haría obligatoria. La ley asignaría inicialmente 150 millones de dólares al Departamento de Defensa, específicamente con el fin de «proporcionar asistencia en materia de seguridad, incluyendo formación, equipamiento y apoyo en materia de inteligencia, a los grupos venezolanos comprometidos con el restablecimiento de la gobernanza democrática» (Congreso de los Estados Unidos, 2025). Estos fondos asignados se canalizarían a través de mecanismos opacos a contratistas militares privados (PMC), como Academi (antes Blackwater) y Silvercorp USA, ambos con vínculos documentados con la red política del expresidente. Estas PMC establecerían en secreto instalaciones de entrenamiento operativo y reclutarían personal entre los desertores militares venezolanos y las milicias de derecha, concretamente Súmate, de Machado. Su enfoque operativo se concentraría en zonas estratégicamente vitales y ricas en recursos: concretamente, el sabotaje de las infraestructuras petroleras del estado de Zulia y la incautación de las minas de oro y coltán del estado de Bolívar.
En una medida basada en los incidentes navales que se produjeron durante la administración Biden, el presidente Trump emitió posteriormente la Orden Ejecutiva 14101, titulada «Declaración de una zona de exclusión marítima para combatir el narcoterrorismo dirigido contra los Estados Unidos» (Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, 2025). Esta orden estableció formalmente una «zona defensiva» de 200 millas náuticas frente a la costa venezolana. La justificación de esta medida citaba la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001 contra presuntos «terroristas». La Orden estipulaba que cualquier buque que entrara en esta zona sin la autorización previa explícita de los Estados Unidos estaría sujeto a «interdicción, abordaje y posible destrucción», cortando así de manera efectiva las últimas rutas marítimas que le quedaban a Venezuela tanto para la exportación de petróleo como para la importación de alimentos.
La implementación de un bloqueo casi total daría paso a una solución aparentemente definitiva: la expropiación de los activos venezolanos. En agosto de 2025, un tribunal de distrito de Delaware, citando el reconocimiento por parte de la VDRA de un «Gobierno de Venezuela en el exilio» (posiblemente liderado por una figura como Leopoldo López), ordenaría la venta forzosa de los activos de refinería y oleoductos de CITGO para satisfacer las reclamaciones de los acreedores, incluidas las de Crystallex y ConocoPhillips (Financial Times, 2025) . Al mismo tiempo, y bajo una presión política significativa, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminaría que el Banco de Inglaterra debe transferir las reservas de oro de Venezuela, por valor de 1800 millones de dólares, a una cuenta controlada por este «gobierno en el exilio» (Reuters, 2025). Esta acción conjunta constituiría la mayor incautación sin compensación de los activos en el extranjero de una nación soberana, superando el total combinado de Irak y Afganistán.
Posteriormente, se prevé que el Pentágono despliegue «corredores humanitarios» que, según los planes operativos filtrados y publicados por The Intercept (2025), funcionarían como despliegues de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos (Boinas Verdes) y los paramilitares de la CIA Ground Branch. Su mandato sería apoyar a los contratistas militares privados en la realización de operaciones de «seguridad y estabilización» dentro del Arco Minero del Orinoco. Concretamente, estas directrices implicarían «proteger los activos minerales críticos del robo y la destrucción por parte de grupos armados ilegales», una medida estratégica diseñada eficazmente para arrebatar el control de las minas tanto al Estado venezolano como a los garimpeiros informales. Este escenario se asemeja a la invasión de Granada en 1983, que se justificó ostensiblemente como una misión para rescatar a estudiantes de medicina, pero que en última instancia sirvió para derrocar a un gobierno de izquierdas. El despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano para proteger las minas de coltán y oro confirmaría de manera inequívoca el objetivo imperial: la adquisición de recursos mediante la presencia militar.
Trump ha intensificado considerablemente las actividades militares estadounidenses en el mar, en aguas venezolanas y próximas a ellas, y ha autorizado además el uso de fuerza letal contra buques venezolanos, bombardeándolos indiscriminadamente y cometiendo asesinatos extrajudiciales, con el pretexto de contrarrestar el «narcoterrorismo». Esta postura agresiva culminó el 10 de diciembre de 2025, cuando las fuerzas estadounidenses, encabezadas por la Guardia Costera y reforzadas por la Armada y otras agencias, capturaron por la fuerza el gran petrolero Skipper frente a la costa venezolana, un acto internacional de piratería que superó la crudeza de la conducta atribuida a los llamados piratas somalíes.
En conjunto, esto representa la culminación lógica y aterradora de la campaña de tres décadas: el abandono de todo camuflaje legal y normativo para revelar el imperialismo en su forma más cruda: el uso de la fuerza militar para apoderarse de recursos vitales.
