Letras Desnudas
Mario Caballero
La tragedia, dice el filósofo inglés Simon Critchley, exige de nosotros cierta complicidad.
De esa complicidad es pertinente hablar hoy. De ese acuerdo que ha permitido que empresas como Veolia se salgan con la suya, se enriquezcan al amparo del poder, cometan crímenes y nunca reciban el merecido castigo. Hoy más que nunca urge hablar de esa historia de complicidades, corrupción y muerte.
ASÍ LA HISTORIA
Proactiva Medio Ambiente, S.A. de C.V., hoy Veolia, llegó a Tuxtla Gutiérrez en 2006. Fue contratada por el exgobernador Juan Sabines Guerrero y los exalcaldes Jaime Valls y Rosario Pariente Gavito.
El convenio de prestación de servicios fue por poco más de 116 millones de dólares y con una duración de hasta 20 años a partir de 2006.
A través de dicho contrato la empresa se comprometía a brindar un servicio impecable, con asistencia tecnológica, eficiente, oportuno y cuidando los recursos naturales de la región, y eso comprendía la recolección de los residuos sólidos municipales, el barrido de calles, la construcción de una planta de transferencia, de una planta de reciclaje y de un nuevo relleno sanitario, además del cierre del viejo vertedero.
Los exgobernantes antes señalados también le concedieron el relleno sanitario de 40 hectáreas que colinda con el predio San Martín Mujular, en el ejido Emiliano Zapata.
Durante todo este tiempo Veolia ha disfrutado de una complicidad sistémica. Sabines Guerrero le concedió muchos privilegios, entre ellos la exclusividad en el servicio y un contrato multimillonario. Incluso pactó una indemnización de 900 millones de pesos a favor de la empresa en el caso que el Ayuntamiento decidiera ponerle fin al contrato.
Pero pese a lo pactado, Veolia fue denunciada desde el primer año de servicio por no cumplir las normas técnicas de operación, ocasionar problemas en el ecosistema y faltar a los compromisos contractuales. No obstante, Jaime Valls, entonces alcalde de la capital, fue omiso a los reclamos de la población y dejó las cosas como estaban. En lugar de velar por los intereses de los tuxtlecos, prefirió proteger a la transnacional.
En 2010, bajo la presión de los ejidatarios y del propietario de San Martín Mujular, Héctor Montesinos Cano, el Congreso del Estado ordenó investigar las causas de los cambios en la coloración del manantial ubicado en el predio, que pasó de aguas cristalinas al rojo oscuro.
Los resultados revelaron que había residuos de arsénico, aluminio, antimonio, cromo, plomo, zinc y otros metales pesados producto del flujo de lixiviados al afluente. Y se advirtió que el agua no era apta para el consumo humano y que ponía en riesgo todo tipo de vida en el lugar.
Para ese momento, Yassir Vázquez Hernández era el presidente municipal y no hizo nada. Al contrario, apapachó a Veolia e hizo del tema de la basura un jugoso negocio con el que presuntamente logró hacerse de propiedades en Cancún, Acapulco y Puebla.
En ese entonces corrió el rumor de que Jaime Valls y Juan Carlos López Fernández, “el chapitas”, otro miembro de la mafia sabinista, eran socios de dicha firma francesa y que otro podría ser el mismo Juan Sabines.
Ese contubernio le dio mucho poder a Veolia. Tanto que hasta se atrevió a confrontar al exalcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien traía como bandera de campaña correrla de Tuxtla Gutiérrez y hacerla pagar por los daños que había provocado.
Esta empresa llegó al extremo de atentar contra la salud pública. En varias ocasiones suspendió la recolección de basura en el centro de la ciudad y en algunas colonias de la periferia. También evitó el acceso de los vehículos habilitados por el Ayuntamiento para recolectar los desechos y depositarlos en el relleno sanitario y en el centro de transferencia. Fue su estratagema para presionar a las autoridades a pagar una supuesta deuda heredada por las anteriores gestiones.
No es todo. Pues mientras mostraba serias deficiencias en el servicio e incumplimientos en el contrato, pretendió cobrar 30 millones de pesos adicionales a la ya altísima tarifa.
Ahora bien, las inspecciones realizadas al relleno sanitario a cargo de Veolia revelaron que por todo el camino había montones de basura acumulándose dado que no permitía que camiones particulares entraran a depositar los desechos. También se encontraron desagües de lixiviados fluyendo hacia el predio aleñado y contaminación en los mantos acuíferos de la zona. Esto último se debe a que la empresa utilizó explosivos, según cuentan los vecinos del lugar, y además violentó las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente.
Algo más, se descubrió que las membranas de plástico utilizadas para tapar la basura en las celdas se encontraban regadas por toda la zona y no contaba con una planta tratadora de aguas residuales.
Así, Veolia violaba al menos tres cláusulas del contrato: daños a terceros, no tener los servicios necesarios para el correcto manejo de los residuos y contaminación al medioambiente. Lo irónico es que el consorcio poseía un certificado Libre de Contaminación, aun cuando las autoridades sabían del incumplimiento de las normas.
LA ETAPA DE CARLOS MORALES
Por más de 18 años, Héctor Montesinos ha sostenido un litigio con Veolia y en todo ese tiempo ha sufrido hostilidades, amenazas y denuncias penales. Por ejemplo, la empresa lo demandó por un supuesto daño moral y le requirió como indemnización un pago de 600 millones de pesos. Afortunadamente, el también activista ganó el fallo.
En 2017, fue amenazado de muerte. Una de sus hijas, entonces de 17 años, recibió una llamada telefónica en la que un hombre le dijo que la asesinaría y dejaría su cuerpo en San Martín Mujular. Sobre otra de sus hijas él mismo recibió el recado: “esa niña no va a alcanzar ni para alimentar a los zopilotes”. Por eso huyó del estado con toda su familia. Temía lo peor.
En octubre de 2018, Veolia encontró un nuevo cómplice: el exalcalde Carlos Morales Vázquez, quien siendo titular de la Secretaría de Medio Ambiente en la administración anterior la protegió a pesar de las fuertes protestas. Hasta se dijo que negoció con sus directivos el financiamiento de su campaña política de ese año a cambio de protección.
Morales Vázquez no sólo firmó un nuevo convenio con la transnacional, también reconoció una deuda que se consideraba improcedente y llegó a pagar 16 millones de pesos en un solo mes, cuando su antecesor cubría un pago mensual de 7.5 millones.
Lo más lamentable de esta historia es la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, todas por cáncer, incluidos 9 niños. Muertes que podrían estar relacionadas con la contaminación ambiental provocada por el relleno sanitario de Veolia.
A Carlos Morales le valió una pura y dos con sal la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que los habitantes de ese ejido “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
De toda esta cadena de complicidades y tragedias es importante hablar hoy que Veolia ha anunciado que dejará de prestar el servicio en Tuxtla porque para ella ya no es negocio.
¿Será posible que después de tantos daños se vaya como si no hubiera pasado nada, con una sonrisa en el rostro, con las bolsas llenas y con total impunidad?
