Sumidero
Edgar Hernández Ramírez
La democracia mexicana tendrá en 2027 una factura preliminar de 43 mil millones de pesos. La cifra incluye la operación del Instituto Nacional Electoral, la organización de los comicios, una reserva para una eventual consulta popular y alrededor de 7 mil 737 millones en financiamiento para los partidos. No todo irá a las dirigencias partidistas, conviene precisarlo, pero el tamaño de la bolsa obliga a formular una pregunta incómoda: ¿la calidad de nuestra democracia justifica semejante desembolso?
Organizar elecciones libres, actualizar el padrón, instalar casillas, capacitar funcionarios y contar votos cuesta dinero. Un árbitro débil, sin autonomía ni recursos, quedaría a merced del gobierno, de los empresarios o del crimen organizado. El financiamiento público a los partidos también nació con una justificación atendible: impedir que la política dependiera exclusivamente de fortunas privadas y patrocinadores ocultos.
Sin embargo, el problema no es que la democracia cueste, sino que cuesta demasiado para los resultados que entrega.
Los 43 mil millones son una abstracción hasta que se llevan a la mesa familiar. A 22 pesos el kilo, ese dinero alcanzaría para comprar mil 954 millones de kilos de tortilla, cerca de 15 kilos para cada habitante del país. A 24 pesos por litro, representa mil 791 millones de litros de gasolina Magna, suficientes para llenar más de 44 millones de tanques de 40 litros.
Sólo los 7 mil 737 millones destinados a partidos equivalen a más de 351 millones de kilos de tortilla o a 322 millones de litros de gasolina. Mientras millones de familias ajustan diariamente el gasto de comida, transporte, medicinas y vivienda, las organizaciones políticas tienen asegurada una bolsa multimillonaria, al margen de la pobreza de sus propuestas o la mediocridad de sus dirigentes.
Es ahí donde el financiamiento público, concebido como protección democrática, corre el riesgo de convertirse en incentivo perverso. El jugoso botín presupuestal es la miel que atrae a las abejas zánganos que quieren construir nuevos partidos. Obtener el registro significa acceder a dinero, tiempos oficiales, representación electoral y capacidad para negociar candidaturas, alianzas y posiciones.
La pluralidad es indispensable. México necesita nuevas expresiones políticas cuando las existentes dejan de representar a la sociedad; pero una cosa es abrir caminos a la participación y otra subsidiar franquicias encabezadas por políticos reciclados, grupos familiares, antiguos funcionarios o dirigentes expulsados de otras organizaciones.
Un partido debería nacer de una causa social, una visión del país y una militancia real, no de la expectativa de administrar prerrogativas.
La pregunta central no es únicamente cuánto cuesta votar, sino qué democracia estamos comprando. ¿Los partidos forman ciudadanía o sólo movilizan clientelas? ¿Seleccionan a sus mejores cuadros o reparten candidaturas entre camarillas? ¿Defienden principios reconocibles o cambian de ideología según la coalición disponible? ¿Representan a la sociedad o se representan a sí mismos?
También debe examinarse el desempeño de las instituciones electorales. México construyó un aparato profesional que permitió superar la época en que el gobierno organizaba y calificaba sus elecciones. Sin embargo, persisten la compra del voto, el uso electoral de programas públicos, el financiamiento clandestino, la intervención de gobernantes y la penetración criminal en candidaturas y gobiernos.
Tenemos una democracia cara, pero no necesariamente una democracia de alta calidad.
La solución no consiste en asfixiar al INE ni en entregar los partidos al dinero privado. Se requiere revisar la fórmula de financiamiento, reducir burocracias innecesarias, fiscalizar el gasto en tiempo real, imponer sanciones efectivas y condicionar parte de los recursos a resultados verificables en democracia interna, formación política y rendición de cuentas.
Cada peso destinado al sistema electoral debería regresar a la sociedad convertido en confianza, legalidad y representación. De otro modo, el presupuesto se vuelve una transferencia gigantesca hacia instituciones que piden sacrificios a los ciudadanos, pero rara vez se los exigen a sí mismas.
La democracia puede ser cara y valer cada centavo. Lo inadmisible es pagar 43 mil millones por campañas vacías, candidatos improvisados, partidos sin identidad y políticos que sólo recuerdan a la ciudadanía cuando necesitan su voto.
