Políticas públicas efectivas, acompañadas de supervisiones reales y sanciones para quienes incumplan.
Juan Toledo / Diario de Chiapas.
Desplazarse por las calles de Tuxtla Gutiérrez representa un riesgo diario para miles de personas con discapacidad, banquetas destrozadas, rampas bloqueadas o mal diseñadas, falta de semáforos sonoros y un transporte público inaccesible son solo el inicio de un entorno urbano que excluye en lugar de integrar. A esta falta de infraestructura se suman los prejuicios sociales y la discriminación arraigada, factores que convierten cualquier traslado rutinario en una carrera de obstáculos donde la integridad física está en juego constante.
Sin embargo, las limitaciones físicas de la ciudad no son el único inconveniente. Al cruzar el umbral del espacio público hacia el ámbito productivo, la brecha de desigualdad se profundiza. En Chiapas, la inclusión laboral continúa siendo un desafío pendiente. Aunque el marco legal contempla incentivos y normas para promover la contratación de este sector, la realidad estadística evidencia un rezago contundente: apenas dos de cada diez personas con discapacidad logran acceder a un empleo adaptado a sus necesidades. Para la mayoría, la regla general es la informalidad, el desempleo o aceptar salarios por debajo de lo estipulado por la ley
