Jorge Fernández Menéndez
Razones
La estrategia del gobierno federal y Morena para tratar de llevar la responsabilidad de los fraudes y negocios de Guadalupe Taddei hasta el siglo pasado, rozan lo ridículo y demuestran dos cosas: primero, la total ausencia de autocrítica de un gobierno, el anterior y este, incapaces de reconocer errores y ratificarlos, y segundo, el enorme daño que les ocasiona en la percepción pública las evidencias que surgen una día sí y el otro también, y en todos los ámbitos, de la corrupción que corroe al propio gobierno.
En la última encuesta publicada por El Financiero, se le dio a la presidenta Sheinbaum una aprobación de 69 por ciento, un dato que fue ampliamente difundido por las redes del oficialismo. Pero lo que casi no se difundió fueron los números que le da la gente al gobierno de Sheinbaum, en esa misma encuesta, al desempeño en corrupción y seguridad. En seguridad pública y combate al crimen organizado obtienen 18 y 13 por ciento respectivamente de aprobación. En lucha contra la corrupción la aprobación al desempeño gubernamental pasó, en unos meses, de febrero a octubre, de 45 por ciento a 17 por ciento, y la encuesta fue levantada cuando aún no estallaba el escándalo Taddei.
¿Qué es lo que explica un derrumbe de tal magnitud en la calificación gubernamental en corrupción? Se podrá decir que han estallado muchos escándalos de corrupción, hubo demasiadas denuncias en esos ocho meses, incluyendo desde las tramas de tráfico de combustible ilegal hasta los negocios de Jorge Amilcal Olán y Andy López Beltrán, el retiro de visas a distintos funcionarios, y sobre todo las órdenes de detención con fines de extradición de Ruben Rocha, Enrique Inzunza y otros sinaloenses. Pero lo que derrumba la percepción en corrupción (porque va de la mano con ella) es la impunidad.
En ninguno de todos esos casos de corrupción ha actuado la autoridad: todos los políticos de Morena están en su casa o en sus puestos, cobijados por un gobierno que no quiere actuar contra ninguno de ellos, aunque tengan acusaciones gravísimas de colusión con el narcotráfico, de asesinatos o negocios de cientos de miles de millones de pesos, como en el huachicol.
Es la impunidad la que lleva la percepción de corrupción a estos niveles tan bajos y eso más temprano más tarde afectará todo el desempeño del gobierno federal. Por lo pronto ya lo hace en la seguridad. En el ámbito de la seguridad se están haciendo relativamente bien las cosas, comenzando por tratar de enmendar el desastre que dejaron seis años de abrazos y no balazos con el consiguiente e inédito empoderamiento criminal y deterioro institucional.
Pero el gobierno ha puesto un límite que impide avanzar: se lucha contra el crimen hasta que se topa con funcionarios de alto nivel: sólo se llega hasta algunos alcaldes. Pero no es defendible dejar en la impunidad a Rocha, a Inzunza, a Andy, y a tantos otros, acusados o des visados, dejarlos en sus cargos, en sus casas, sin siquiera investigarlos, sin llevarlos a declarar por las denuncias que se suceden una tras otras, dentro y fuera del país. ¿Cómo la gente va a creer que se está avanzando en la seguridad cuando los cómplices que están en el poder se mantienen en la impunidad?
Hace poco más de un mes cruzábamos en este espacio los datos de corrupción e inseguridad. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) demostró que más del 84 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción; los estados con mayor porcentaje fueron Michoacán y Baja California, con casi 90 por ciento. En septiembre, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostró que el Estado de México, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, Michoacán y Sinaloa encabezan la percepción de inseguridad, todos con índices superiores al 80 por ciento.
Pusimos los dos mapas uno sobre otro. La mayor frecuencia de episodios de corrupción se notificó en estados con gobiernos de Morena: Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa y Oaxaca. De esos, cuatro (Michoacán, Sinaloa, Estado de México y Morelos, la seguridad en la ciudad de México está bien calificada) están también entre los diez estados donde con más miedo se vive. No es casualidad.
Querétaro y Yucatán tienen la menor percepción de corrupción del país. Son también, junto con Coahuila y Aguascalientes, los estados donde menos inseguridad se percibe. Donde la gente confía en que la autoridad no está vendida, se siente más segura. Es así de simple.
El puente entre una cosa y otra se llama impunidad. La estrategia de seguridad puede tener más Guardia Nacional, más inteligencia, más detenidos de alto perfil (aunque de los más de 67 mil detenidos en este sexenio, sólo 37 mil permanecen en la cárcel, por el mismo fenómeno que genera la corrupción y la impunidad). Pero mientras el ciudadano vea al político corrupto o cómplice sin castigo, la gente no solo no va a denunciar, y menos va a cambiar su percepción.
La corrupción produce impunidad; la impunidad genera miedo, el miedo, inseguridad. No hay encuesta que ignore la corrupción si el gobierno no la combate.
