El reconocimiento de los Derechos de las Niñas y los Niños
Lilia Ma. Calderón/Las Margaritas, Chiapas [email protected]
Los Derechos Humanos son reconocidos como el contenido esencial, la sustancia, del sistema democrático; ellos son el fundamento de un complejo sistema de promoción y garantía del desarrollo de las personas, de todas ellas, sin discriminación. Los Derechos Humanos orientan y limitan al Estado y sus órganos, le imponen deberes y le definen objetivos a realizar.
La mayor amplitud de los derechos y la existencia de grupos que, pese a la generalidad de los instrumentos, quedan fuera de esta evolución, ha exigido acordar nuevos pactos destinados específicamente a estas áreas o grupos. Esta ha sido la situación de los niños que, si bien nunca han sido excluidos de los instrumentos generales de derechos humanos, en los hechos, su protección no lograba alcanzarlos efectivamente.
En México, con importantes áreas de derechos insatisfechos que se reflejan en fuertes índices de pobreza en la población infantil y escasa participación de los niños en los asuntos de su interés, se presenta un nuevo esquema de comprensión de la relación entre el Estado, las políticas sociales y el niño, así como también constituye un desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de las niñas y los niños y sus intereses, en la decisión de los asuntos públicos.
El reconocimiento de los Derechos de las Niñas y los Niños, debe influir en distintas áreas de la actividad del país: las políticas públicas, la legislación y en el ámbito de las relaciones sociales cotidianas. En las políticas públicas se debe dar prioridad a la infancia, estableciendo mecanismos para promover preferentemente el desarrollo de las niñas y los niños y amortiguar los efectos de las restricciones económicas o sociales. La protección de la maternidad, los sistemas de salud preventiva y curativa, la reforma educacional, la promoción de los derechos del niño en el ámbito local, la desjudicialización de los problemas sociales son, entre otras, algunas de las áreas en que hay que poner un énfasis prioritario.
Las políticas hacia la infancia, se deben orientar hacia la disminución de las disparidades regionales y sociales y la superación de la pobreza, considerando no sólo la oferta de servicios, sino también el fortalecimiento de la demanda. En el ámbito legislativo es necesario realizar profundas modificaciones a las leyes vigentes, que abarquen aspectos sustantivos, administrativos y procesales, que permitan crear mecanismos de protección efectiva que aseguren al niño la exigibilidad de sus derechos, no sólo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales; la promoción de mecanismos como las acciones civiles de interés público, destinadas a proteger intereses difusos y colectivos; el establecimiento de defensorías o procuradurías de los derechos de la infancia; y la existencia de consejos locales para la defensa de los Derechos de los mismos.
