EDITORIAL
Los casos de Puebla y Campeche nos indican que el camino del periodismo será tortuoso, difícil de ejercer para los próximos años. Morena hace lo posible por maniatar a quienes osan escribir contra los políticos de la Cuarta Transformación. Hasta ahora no ha habido una posición oficial del gobierno federal sobre ambos casos, pese a que las criticas están en modo superlativo, pero sin consecuencias inmediatas que puedan revertir las decisiones cupulares.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta mandó una iniciativa de ley al Congreso que le fue aprobada, pero que no ha sido del agrado de la sociedad. Se trata del tema ciber acoso, que supuestamente es para proteger a las mujeres y a la niñez.
Lo cierto es que, aunque se diga lo contrario, es una ley que censura lo que se maneje en las plataformas digitales en casos de asedios, insultos reiterados contra una figura pública. Es decir, los gobernantes, por lo menos en Puebla, serán intocables y no podrá molestársele ni con el pétalo de una rosa.
Son penas que van hasta tres años de cárcel, pero la gran pregunta es quién define o decide qué es un insulto. La ambigüedad abre la puerta de la cárcel para lo que no le guste al gobernador. En serio que es un problema porque maniatarán las manos a quienes ejercen el periodismo y no porque se diga que se insulta en los escritos, sino porque tendrán la limitante de no saber hasta dónde se puede cuestionar a un funcionario que ha hecho mal su trabajo.
De hecho en este corto periodo de administración que lleva Armenta, en su récord personal ya se contabilizan verdaderas joyas de la impunidad, del avasallamiento. O no recuerda la amenaza de expropiación de unos terrenos de una empresa que se negaba a dar dos hectáreas de terreno para ahí construir la sede de la policía estatal.
Su ofuscación surtió efecto y no obtuvo dos, sino cuarto hectáreas, o el tema de la iniciativa que propuso de realizar castración química para los agresores sexuales en el estado, medida que generó polémica en 2021 cuando lo planteó a nivel nacional ante el Senado de la República.
O si somos más rigoristas, en Campeche la gobernadora Layda Sansores tiene la piel muy delgada, al grado de que logró que detuvieran y vincularan a proceso a un periodista de la tercera edad de un portal digital llamado Tribuna. El delito de Jorge Luis González Valdez fue publicar y replicar lo que la Auditoría Superior de la Federación mostrada algunas irregularidades en el gobierno de la campechana.
La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso -el viernes 13 de junio- al periodista exdirector del diario Tribuna, así como a Isidro Yerbes, representante de la Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna. La gobernadora denunció una supuesta incitación al odio y a la violencia contra su persona. El castigo, cárcel y el no ejercer la función periodística a lo largo de dos años, la condena.
A él le costó que se le acuse de violencia política de género. Este es el estilo de gobernar que ha manifestado Morena. Ahora que las revanchas internas no tienen comparación para quien se revele. Eso justo le pasó a Jesús Alfredo Páez San Martín, experto en cibernética y trabajador de la Secretaría de Seguridad de Puebla, quien fue despedido por criticar la forma y el fondo de la iniciativa del gobernante poblano.
Él publicó no estar de acuerdo con lo que indica la nueva ley de Ciber Asedio, ya que podría ser usada contra la libertad de expresión o de crítica “y que no contemplaba el uso de inteligencia artificial, el hackeo de cuentas, la sexo extorsión, entre otros delitos”.
Advirtió “que la reforma aprobada no garantiza la ciberseguridad y que delitos como grooming, ciber asedio y el espionaje digital no estaban explicados y desglosados de forma correcta”.
A pesar de que ya fue aprobada, ante la escalada de críticas, el gobernador dijo que se realizarán foros para evaluar su impacto. Lamentablemente es una simulación porque qué caso tiene si ya fue aprobada la iniciativa.
O el tema grotesco contra el periodista Héctor de Mauleón y un periódico nacional, donde el gobierno de Américo Villarreal, en Tamaulipas, lo quiere vetar por revelar nexos de Tania Contreras con el Huachicol fiscal.
Tres casos recientes que indican cuál es la línea delgada que empuja Morena para tener controlado el país y no se conozca nada de la forma de gobernar de quienes encabezan las gubernaturas en el país.
