¿Hasta cuándo habrá justicia para Damián?

El caso del niño Damián cumple 23 meses. Fue aquel fatídico 7 de febrero de 2023 cuando el pequeño perdió la vida, ahogado en la alberca de la escuela Piguin&Babe, que operaba en la capital chiapaneca, la muerte del pequeño que puso en evidencia el tráfico de influencias, la lentitud con la que opera la justicia y el desistimiento de algunos funcionarios de primer nivel que intervinieron en la investigación, y pese al compromiso público presidencial, se sigue en la orfandad de resultados.

La afirmación de que murió al caer a la piscina no es una postura nuestra, no, es el resultado de una segunda necropsia que realizó un equipo especial del instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, que determinó que el pequeño sí murió ahogado en la alberca, una estancia que no debería haber estado en funciones pues se trataba de una institución educativa que no debía trabajar bajo esas condiciones.

Dónde quedó la intervención de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, hoy titular de Gobernación, y a quien el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio la orden de destrabar el cochinero que se tenía en la Fiscalía General del Estado.

Es en verdad inconcebible que pase el tiempo y nos vayamos enterando de las bajezas que han patrocinado los entonces dueños de la escuela y responsables directos de la tragedia, Brunett Ortega y José Patrinos. ¿Qué tanto poder tienen para que la injusticia siga estando de su lado? ¿Si ya el gobierno pasado se esfumó, entonces quién los sigue encubrimiento para que no se saque la verdad?

Sus maniobras legaloides a través de la media docena de abogados que han tomado el caso y que lo dejan a medio camino como estrategia para alargar el proceso, no han logrado desesperar o perder la esperanza por parte de los padres de Damián, la señora Amparo, su esposo Mauricio y el abuelo Rigoberto, quienes han jurado no decaer en su intento de que la justicia llegue, algún día, pero que llegue.

Estamos a menos de un mes de que se cumplan dos años de la tragedia que enlutó a una familia, causó indignación en todo Chiapas y dejó sin clases a un centenar de niños y niñas, cuyos padres tuvieron que buscar otras alternativas debido a que la escuela cerró, tras ser clausurada por la autoridad en tanto hay un resolutivo final.

Durante el proceso, se han demostrado inconsistencias dolosas, mismas que esta casa editorial ha documentado una a una, haciéndole el trabajo al ministerio público para que recabe las pruebas, los testimoniales, y, aun así, la justicia no tiene para cuándo hacerse presente. Ya en varias ocasiones se ha dicho que la justicia es un privilegio que pueden contar solo unos cuantos, y este parece ser el caso de los directivos de la escuela Piguin&Babe, ubicada sobre la zona norte poniente de la capital.

Hasta ahora la audiencia se pregunta, dónde están las investigaciones que debieron seguirse contra el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, quien muy ufano adelantó, antes de tener los resultados de la necropsia, que el niño había fallecido por haberse atragantado o por qué no se sancionó a la institución por no cumplir con la norma que se establecen para estos casos. En el mismo tenor está la labor de la ex secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, por solapar que la escuela funcionara sin cumplir con el plan de estudios y la infraestructura adecuada.

Porqué la autoridad no se ha pronunciado contra la desaparición de los videos que tenía la escuela al momento de la tragedia y que confirmó también en su momento el entonces fiscal Olaf Gómez Hernández, quien aseguró que el material audiovisual se estaba analizando, ¿quién lo borró y porqué se hizo, quién lo instruyó? Muchas preguntas y la misma respuesta: silencio total.

La instrucción del ex presidente AMLO no fue acatada, se lo pasaron por el arco del triunfo, entonces quién quedó mal, la ex titular de Seguridad o el mismo ex mandatario.

No se vale que encima de que por negligencia de la escuela como de las mismas autoridades, al permitir que los protocolos no se respetaran, la vida de un pequeño se le haya truncado y que las penumbras hayan entrado a un hogar que luchaba día a día por sacar adelante a Damián.

Ahora sólo queda la esperanza de que el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca acelere la investigación del caso, vuelvan a checar la investigación, y como dice el propio mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, que no haya contemplaciones para quien haya hecho de la justicia su beneficio propio, perjudicando a terceros.

Por la memoria de Damián y por la confianza de que ahora sí estamos ante la implacable aplicación de la ley, los que se han mofado de ésta, deben estar tras las rejas y que se les niegue su incorporación al servicio público como escarmiento.

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