Ignorar el clamor ciudadano en Sinaloa nos “llevará” a Nicaragua
El comportamiento del Senado de la República no tiene que analizarse a fondo para entender que Morena, con el petista, hoy pintado de guinda, Gerardo Fernández Noroña, hace la chamba a la perfección para que con su verborrea “convenza” a los incautos y refrende su dominio con los “indemnizados” en becas y programas sociales, de que todo lo que se está haciendo para reformar el Poder Judicial es una petición expresada en las urnas por millones de mexicanos.
Ni al caso, pero ese es el discurso que forma parte de la narrativa, ya ni de izquierda, sino la más recalcitrante postura conservadora que se tenga memoria en los últimos cuatro sexenios, con el PRI, el PAN y el mismo Morena.
Este discurso imponente, discriminatorio y a veces hasta con mensajes de odio, son peligrosos porque nos están encaminando a tener un gobierno empoderado en lo que diga y disponga. Nada se está inventando o difamando al decirlo abiertamente, pero por lo que se ve, el poder que se busca aplicar, conservar y perpetuar, es el de “acá mando yo, nadie más”.
Por lo menos en los hechos eso es lo que nos ha hecho creer Morena al estar en el poder a pesar de que la votación no le favoreció para tener la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.
El haber hecho hasta lo imposible paras tener hoy de su lado a dos entes pilares de las decisiones democráticas que debieron haberse respetado por la votación en las urnas, como lo son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justifica lo que se dice y se percibe en el mundo mediático de las redes sociales y en los medios de comunicación encargados de analizar la situación política de México.
La travesura ya está consumada, ahora el peligro es que el país se vaya encaminando a no permitir acceder al poder a otras fuerzas políticas y de paso en pocos años nos veamos en los titulares de los periódicos donde Morena consagra el poder absoluto, aprobado y avalado por la mayoría de los diputados y senadores que integran al partido guinda.
Esta posibilidad debe distinguirse para el futuro inmediato, no sea que llevemos la vía que vive Nicaragua, donde Daniel Ortega ahora no solo es el tirano que lleva en el poder 18 años, sino que su esposa tiene el mando “notarial” de que funge como copresidenta de aquel país.
Son copresidentes que estarán al frente o, mejor dicho, coordinarán «a los órganos legislativo, judicial y electoral», antes reconocidos como poderes independientes. En México esta política estaba al dos por uno, es decir, el Ejecutivo tenía y tiene el control del Legislativo. Así ha sido todo el tiempo y el Poder Judicial era el único que lograba equilibrar las embestidas.
Tan es así que, durante todo el sexenio anterior, el gobierno no pudo hacer lo que quería por no tener bajo control a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se le han amarrado las manos, ya cojea y en junio será oficial su debacle para darle paso a los elegidos que fungirán al frente del Poder Judicial, pero sin derecho a tomar decisiones propias para beneficio de las mayorías.
A partir de agosto próximo, cuando tomen posesión, o, mejor dicho, cuando terminen su gestión los hoy vigentes, producto de la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para echar fuera a los que le hacen ruido, la realidad de nuestro sistema político será único. Es decir, al tener el control del Legislativo, del Judicial, de los órganos que pueden echar para atrás decisiones legítimas del pueblo, como sucedió en la pasada elección, donde el INE se alió al gobierno y donde el TEPJF consumó la traición contra los partidos opositores que aún tenían la esperanza de que se respetara la democracia, ahora nos encaminamos al gobierno omnipotente.
El que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo haya consolido su mando absoluto en Nicaragua, pone en alerta al continente americano, no por lo que pase en aquel país, sino por el ejemplo que querrán tomar otras naciones, muy aparte de Venezuela y Cuba, que también no cantan mal las rancheras en esta canción titulada “democracia absoluta”.
La reforma, aprobada por «unanimidad» por un Congreso dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que los copresidentes coordinarán «a los órganos legislativo, judicial, electoral», antes reconocidos como poderes independientes.
Dado este paso, qué importa que la ONU alce la voz, que se diga que se destruye el Estado de Derechos y las libertades. A quien le interesa ahora que el presidente haya sido autorizado extienda su poder hasta el 2028.
En México, tomando como ejemplo lo que se ejerce en estos países dictatoriales, o que nos debe interesar es que la voluntad del pueblo se respete, que la exigencia de cientos de miles en Sinaloa que exigen la renuncia de Rubén Rocha Moya se cumpla. Si se sigue ignorando las voces de protesta, entonces, agárrense porque el futuro ya nos alcanzó.
