El uso de las tradiciones y costumbres, también violentan los derechos humanos
En el quehacer político el uso de costumbres y tradiciones, a pesar de que con ello se busca respetar la autonomía de los pueblos originarios, su herencia e historia, últimamente resulta contraproducentes, sobre todo cuando esto violenta los derechos humanos de las mismas minorías, infancias y una vida libre de violencia hacia las mujeres.
También, en el uso de las costumbre y tradiciones se ha solapado la presencia de grupos criminales, que basados en lo anterior, gozaron de total impunidad para operar; o que decir de los bloqueos carreteros en comunidades, mismas que lograron una disminución en la afluencia turística, debido a las extorsiones de los propios pobladores para poder entrar a sus territorios; tampoco, olvidemos la rapiña que ejercen cuando un camión tiene un percance.
Lo anterior pone en tela de juicio los límites entre los derechos humanos y las costumbres, que sí bien forman parte de una herencia y tradición, estas no deben violentar los derechos humanos.
En el panorama electoral, estas violaciones persisten y desafortunadamente, son legitimadas, no porque lo solapen las autoridades y entes gubernamentales, sino por los vacíos legales: el caso de Amatenango del Valle, donde la alcaldesa electa, Julieta Gómez, concedió el poder a su esposo Salomón López Gordillo, como el presidente basado en los usos y costumbres; misma situación se suscitó en Aldama a finales de 2024, en la que la democracia se fue al caño, en favor de usos y costumbres.
¿Acaso la democracia y la vida libre de violencia estarán en la impunidad basado en esa idea retrograda de “usos y costumbres”? Esperemos que no, al menos en el sentido de que las luchas históricas de minorías, en este caso los pueblos originarios, no hayan sido en vano. Se debe legislar y promover leyes de tal manera, que ni la tradición violente los derechos, pero se siga reconociendo como parte de historia.
Otro de los inconvenientes de estas leyes de “usos y costumbres” persiste en los matrimonios infantiles en la zona de Los Altos, donde las mujeres menores de edad son mercancía y no se les da el acceso a la educación y a otros servicios, vulnerando su derecho a vivir las infancias.
A esto se le tiene que sumar la presencia de grupos religiosos de tendencia cristiana como los evangélicos u otras sectas, que lejos de abonar a la paz social, sus dogmas pueden ser demasiado peligrosos tomando en cuenta los propios “usos y costumbres” de ambas partes. También, debemos preocuparnos por la presencia de grupos islámicos, que sabemos sus doctrinas en Medio Oriente son arcaicas y nada favorables en el respeto a los derechos de las mujeres.
Retomando los peligros de los dogmas religiosos, hasta hace poco muchas muertes infantiles fueron causadas por la negligencia de estos, alegando que su religión se los prohíbe, poniendo en riesgo la vida de menores en fervor de su fe; desde luego, ya se legisló para evitar esos atropellos, pero si no concientiza acerca de los peligros de los dogmas religiosos o de las costumbre de una comunidad, que esta renuente a aceptar a las minorías y a las mujeres dentro de su entorno, poco o nada se hará en la contribución de los derechos humanos.
Por último, la paridad democrática se debe respetar, no sólo el IEPC debe garantizar estas transiciones democráticas, sino el Congreso y el gobierno deben generar las condiciones para que estas se ejerzan.
