La “regularización” de las viviendas invadidas
Bien dicen que “no hagas cosas buenas que parezcan malas” y si esta es la intención del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tras anunciar la implementación de un programa que permitirá a personas que ocupan viviendas de forma irregular adquirirlas a bajo costo, tal parece que no se ha sido explícito en el fondo.
La preocupación saltó de inmediato entre los cientos de personas que hay en el país, incluido Chiapas, donde los propietarios de casas, predios y hasta zonas ecológicas que mantienen litigios para que les regresen su bien inmueble, podrían perderlo, según se entendió con lo expresado por el director general, Octavio Romero Oropeza.
El problema radica de inicio en que o no se le entendió lo que dijo o los mexicanos no cacharon el mensaje del titular del Infonavit.
El gobierno federal ha dicho que se busca evitar desalojos masivos y dar salida a alrededor de 145 mil viviendas que están invadidas actualmente. Lo que la autoridad quiere es dar al invasor condiciones de pago accesibles y que la vivienda sea suya. Si es así, entonces ¿dónde queda el derecho de los propietarios legítimos?
El argumento es que este programa forma parte de una nueva política social de vivienda orientada a reducir la conflictividad territorial y aprovechar el inventario de inmuebles deshabitados que acumula el instituto.
Cuando habla solo de vivienda de interés social, Chiapas ha tenido muchas experiencias, aunque de este lado, el empuje a la irregularidad se da en predios, terrenos o zonas de reserva natural donde según es más redituable.
En el sexenio pasado, eso habría que reconocerlo, se implementó un ambicioso programa no para darle garantías a los invasores, sino que se les aplicó mano dura y los desalojos fueron tan eficientes que el problema se desahogó en un 90 por ciento. Si bien aún existen muchos, éstos están en un litigio legal al que una reforma en el Congreso de la Unión podría acelerar la resolución a esta problemática.
Lo que suena ilógico es que el director del Infonavit diga con tata displicencia que quienes han ocupado o invadido casas abandonadas se hagan de las mismas a través de rentas con opción a compra a precios bajos.
Si no se interpreta como una burla, pues entonces qué se puede decir de esta política “humanitaria” que ha emprendido el instituto. Al contrario, deberían acelerar los operativos para que se desocupen, pues qué fácil que a Juan o Pedro se le ocurre invadir una vivienda, venga el gobierno a ofrecer gangas crediticias para el invasor. ¿Dónde se habrá visto tal situación?
En la práctica, nadie entiende que se diga que el programa gubernamental para regularizar viviendas invadidas no afectará a sus legítimos propietarios, si la propiedad privada, como dicen, está resguardada por la Constitución, ¿entonces en qué quedamos?
Si el gobierno dice que la va a resguardar entonces ya nos vamos entendiendo, es decir, se la quitarán al propietario legítimo, harán como que se la venden al invasor y al final la autoridad se queda con el inmueble.
Así es diferente y podría compararse con las políticas públicas que se rigen otros gobiernos dictatoriales. Esto último es lo que tiene que aclarar la autoridad para que no se preste a malas interpretaciones. Sólo hay que recordar a los que actualmente mandan que el pueblo mexicano ha sido leal en sus convicciones políticas, ha sido honesto en la forma en escoger a sus gobernantes.
La prueba está en la reciente elección judicial donde el propio gobierno jura y perjura que fue honesta y transparente y no porque sus candidatos tengan afinidad con Morena, éstos vayan a desviarse en sus decisiones que por justicia les correspondería hacer.
Lo mismo es al decir del tema de la “regularización” de las viviendas invadidas, ojalá que la “buena intención” que dice el gobierno existe sea palpada en los hechos.
Hay que recordar que la historia de las revoluciones en el mundo se da en promedio cada 100 años -eso es lo que dicen los historiadores- cuando el pueblo sufre en carne propia las sublevaciones contrarias a una buena política pública. Ojalá nos equivoquemos porque no queremos tener un México con hambre y sed de justicia, como lo dijo Luis Donaldo Colosio, antes de que fuera asesinado.
