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Editorial

Aplican ley contra desmanes, ¿será la norma?

No podemos dejar de aplaudir la acción que emprendió la policía del estado de Chiapas para poner un alto a los desmanes que normalistas hacían en el primer cuadro de la ciudad. Primero contra las instalaciones del Palacio de gobierno, y después contra la ciudadanía. Y en un segundo punto, la intervención para poner orden en el conflicto que se generó a unos metros de la caseta de cobro de Ocuilapa, donde la MOCRI es acusada de cobrar derecho de piso. Dos eventos donde se destaca la intervención policíaca, acciones que ya lo estaba pidiendo a gritos la ciudadanía.

En el caso de los jóvenes estudiantes, bajo el argumento de que el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación no les cumple sus demandas y edificación de aulas, creen que les asiste la razón para asaltar a los transeúntes, para cristalear carros, para causarles destrozos.  Bajo ese «derecho» que sólo ellos creen, la ciudadanía no puede más que reconocer que la participación de la fuerza pública es el único camino que queda.

Cuántos atropellos se han cometido contra automovilistas, cuyos propietarios ven con impotencia como su patrimonio se va al desagüe sólo por esa irracionalidad que muestran los estudiantes que con sus acciones manifiestan irreverencia, imprudencia y falta de educación.

La violencia genera más violencia. A los jóvenes los engañan diciéndoles que cometiendo delitos les van a cumplir. Craso error. Los líderes juveniles no pueden justificar en declaraciones a la prensa que no les dejan otro camino.

Quién en sus cinco sentidos no logra entender que si hay violaciones al orden público debe hacerse responsable y asumir las consecuencias. Qué alguien les diga a los normalistas que quemar instalaciones genera más gastos. Acaso no entienden que si destruyen hay que reparar o construir en su totalidad lo devastado. Eso representa dinero, eso significa que se gasta más de lo presupuestado.

No habrá tantita sensibilidad para exponer a la sociedad, de otra forma, sin violencia, que el gobierno no cumple. Qué nadie es capaz de enumerar y demostrar en los hechos que los engañan. O en el fondo el fin es generar inestabilidad porque ahí están las ganancias para los dirigentes y para quienes los asesoran. La Secretaría de Educación, al contrario, en función a su responsabilidad, ha documentado todo lo que les han dado a los estudiantes.

El punto central, después de todo, es quién pagará los daños provocados a los vehículos, los daños físicos y emocionales generados a la ciudadanía que se le «ocurrió» estar justo en el lugar y hora equivocados.

Quién se diga demandante de mejores espacios educativos no puede llevar a una manifestación artefactos explosivos. Con el paso de los años, la Secretaría de Educación no aprende que ceder a los chantajes provocará que continúen las marchas, plantones y protestas de un grupo que quiere todo a cambio de nada.

Estamos de acuerdo que se manifiesten cuando los problemas que presentan los alumnos sean administrativos, como el que hicieron los de la Normal del Estado, que exigen a la Secretaría de Educación la liberación de 34 matrículas de la generación 2019-2023. A estas alturas, cuando ya han pasado tres años y los chavos están a punto de egresar, tampoco se vale que no haya claridad en el registro que debería aparecer en la plataforma digital de la Secretaría de Educación Pública.

Una explicación basta para saber dónde está atorado el problema, si en la dependencia o en la Escuela, donde muchas veces no tramitan ante el área de Certificación el proceso de que están cursando determinado grado y carrera. Pero esto, que es un problema administrativo, debe tener solución inmediata.

Por otro lado, y este debe ser objeto de un asunto que hay que abordar por separado, es el de los integrantes del MOCRI, que tienen asolada la zona de Ocozocoautla, Berriozábal y Ocuilapa. Se les sindica, como organización criminal, de mantener el control de la zona, sembrando terror y miedo. Aunque hubo quema de carros, la intervención de la policía ayudó a restablecer el orden.

Ojalá que estos dos mensajes sean el principio de que la autoridad ya no permitirá alteraciones del orden y afectaciones a terceros. Que más se quisiera que la aplicación de la ley sea la norma que se estableció a partir de este miércoles. Ojalá.

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