Aplicar la ley, debe ser la normatividad
El asesinato del alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, revolucionó los intereses políticos y de grupos, pues aún ni enterraban el cuerpo del edil cuando ya las protestas se hicieron presentes para disputarse la malograda herencia de la silla municipal.
El alcalde, militante del Partido Verde Ecologista de México, fue interceptado por un grupo armado al salir de su domicilio en la cabecera municipal. Mientras la Fiscalía de Justicia del Estado hacía sus labores de investigación relacionadas al homicidio, la ambición por el poder se hizo presente.
Bajo la aparente inconformidad de que se quería justicia por esta atrocidad que irrumpe la tranquilidad de la población, se presentaron bloqueos en las entradas del municipio. Quienes encabezan las protestas se hicieron visibles. Alzaron la mano para ocupar el puesto. Lo que no tiene sentido es porqué la alteración de la paz social, porqué los bloqueos, perjudicando a terceras personas que no tienen “vela en el entierro”.
Una conferencia de prensa, la presencia permanente, si usted así lo considera- en la alcaldía, hubiese sido suficiente para hacer efectiva la solicitud de que fueran considerados en la terna para la integración del Concejo Municipal. Pero, no, la desestabilización a la que se han acostumbrado fue la tónica para presionar.
Se presentó lo que ya se sabía -ante la designación que hizo el Congreso del nuevo Concejo, que quedó encabezado por Luis Alberto Valdez Díaz, hermano del alcalde acribillado a tiros-, bloqueos, toma de la carretera de cuota, la libre y hasta actos de violencia disfrazados como casuales, como la quema de locales de un mercado en Betania y de una combi que de pronto resultó en llamas sin una aparente justificación.
Con relación a la quema de locales de un mercado en la comunidad Betania, ahora se supo, se dio por la diferencia que existe entre los grupos que apoyan al nuevo concejal presidente y los que están a favor de que elijan a la ex síndica Josefa María Sánchez Pérez.
A la designación del presidente concejal, se integró un equipo nuevo de regidores y síndico, ante la renuncia masiva de los integrantes del Cabildo, que, habría de aplaudirles, antepusieron su seguridad personal y la estabilidad social del municipio por lo ríspido de la situación y abandonaron el barco.
Han sido dos días de bloqueos continuos para presionar que se les reconociera como como presidenta municipal sustituta a Josefa María Sánchez Pérez, quien se desempañaba como síndica en ese ayuntamiento.
Suponemos que tanto la Secretaría de Gobierno y los integrantes de la LXVIII legislatura local debieron analizar la situación política y social del ayuntamiento al haber tomado dicha decisión. Entendemos que los destinos de un municipio se deben priorizar la sensatez, la capacidad, la transparencia, el compromiso para con el pueblo, pero, sobre todo, que dé resultados la persona escogida.
Tampoco es viable que, por un capricho, si este fuera el caso, se le permita al grupo inconforme, acceder para gobernar para su beneficio personal. A estas alturas, cuando un día sí y otro también, se aborda el tema de que los Ayuntamientos no son un botín para que el cuerpo edilicio salga de pobre y resuelva su vida económica, la autoridad debe privilegiar lo mejor para la ciudadanía.
Si se hizo lo correcto, lo que tiene que aplicarse es la ley. La confianza del ciudadano debe estar en su representante popular. Está claro que, si existe favoritismo en la designación de los integrantes del Concejo Municipal, entonces sobre su conciencia caerá, pero si en estos disturbios se está colgando un avieso dirigente social, pues no queda de otra más que aplicar la ley.
En diversas trasmisiones se constata que la policía procedió conforme a los protocolos establecidos contra los que bloqueaban la caseta de cobro Chiapa-San Cristóbal. Primero se dialoga para exhortar al retiro de los manifestantes de las vías públicas. Se entiende que, si no aceptan, la fuerza de la justicia tiene que entrar en funciones.
De otra cosa estuviéramos hablando si los tres órdenes de gobierno se juntarán para hacer efectiva el establecimiento del orden. El gobierno no tiene porqué rasgarse las vestiduras. La violación a las leyes generales de las vías de comunicación está más vigente que nunca, por ello nada impide que se retiren por la fuerza a los que quebrantan la ley.
Ya se hizo con los normalistas, ya se procedió con eficiencia contra la Mocri, en Ocuilapa. No hay por qué no hacer lo mismo con los que quebrantan la ley. La mano dura sin violar los derechos humanos, lo consagra la Constitución. Lo que el pueblo quiere es que ya no haya más atropellos. Entonces, está claro, que quien no entienda que el diálogo es la prioridad para resolver diferencias, entonces que no se diga afectado.
El desalojo para el caso del grupo de Teopisca es parte de la normatividad. No más actos que perjudiquen a terceros. Ojalá se entienda.
