Difícil contrarrestar el problema del matrimonio infantil
El caso de la adolescente de 13 años que dio a luz en el Hospital de Las Culturas vuelve a poner los reflectores sobre la política pública de salud y maternidad que se contempla en las comunidades indígenas de la zona Altos de Chiapas, el Norte del estado y la capital chiapaneca, principalmente, según lo confirma el Inegi en su reporte de 2025.
Los usos y costumbres rompen con la disposición legal que contempla la Constitución, la cual establece que se debe respetar la edad legal para el matrimonio y, sobre todo, para tener hijos. Lamentablemente, nuestra entidad presenta la mayor tasa de fecundidad en niñas y adolescentes en México, con 19.4 nacimientos por cada mil menores de entre 10 y 17 años.
A nivel nacional, las cifras de 2024 muestran que se registraron 757 partos en niñas de apenas 10 a 14 años, y más de nueve mil casos en el rango de 10 a 17 años.
Esta situación ha representado un problema para las autoridades, que no han podido combatirla de manera efectiva. Lo cierto es que resulta muy difícil hacerlo frente a la idiosincrasia que prevalece en las comunidades, donde los hombres continúan ejerciendo el poder, aun cuando estas decisiones resulten en un total fracaso.
El caso de Deysi es un ejemplo de lo que sucede a diario, con la salvedad de que, en esta situación, la madre adolescente de 13 años y el padre del bebé, de 17, cuentan con el consentimiento de los padres de ambos.
Esto podría considerarse inhumano, ya que se les niega el derecho a disfrutar su adolescencia y juventud a dos seres humanos cuya vida cambiará desde ahora, pues su rol ya no será el mismo.
Los grupos adversos al gobierno critican sus políticas públicas; sin embargo, es importante decirlo: este problema no es reciente, viene de décadas atrás. Es aquí donde se evidencia que la tecnología no ha servido de nada para erradicar estas prácticas que vulneran derechos.
Nadie está a favor de que se vulneren los derechos de la niñez y de los adolescentes, y sí, parte de la culpa recae en el Estado ante la falta de aplicación de políticas que eviten esta desgracia. Pero mientras solo existan declaraciones a conveniencia y no se articulen todos los factores y sectores de la sociedad y del gobierno, muy poco se podrá hacer, y casos como el de Deysi se repetirán de manera masiva.
El discurso oficial señala que existe violencia sexual en el caso; sin embargo, si hay consentimiento tanto de la pareja como de los padres de familia, el argumento se debilita y, en ese sentido, no hay forma de castigar. Por otro lado, el matrimonio infantil está prohibido, y es ahí donde la autoridad se enfrenta a una encrucijada, ya que no hay sanción cuando la acción indebida es permitida por la comunidad.
La Colectiva 50+1 se pronunció sobre el caso y exigió que este sea investigado de manera inmediata, garantizando la protección integral de la menor, el acceso a la justicia y la no revictimización, así como la aplicación real de la legislación que prohíbe los matrimonios y las uniones forzadas.
Insistimos: es muy difícil aplicar la ley en su sentido estricto cuando la comunidad se vuelca en contra de las autoridades.
Lo que se debe reforzar y emprender de inmediato es una política pública profunda y mediática, que permita diseñar y ejecutar, como señala la organización, “políticas públicas claras, con presupuesto y mecanismos de evaluación, dirigidas a prevenir y erradicar estas prácticas”.
Creemos que este será un proceso a largo plazo y que una de las herramientas que ayudará a crear conciencia entre padres de familia, hijas e hijos que habitan las comunidades indígenas es la educación, con el programa Chiapas Puede, especialmente entre quienes no saben leer ni escribir.
Sin duda, será de gran ayuda cuando las personas, a través de la lectura, comiencen a darse cuenta del daño que se provoca a los menores de edad al permitirles tener vida sexual a temprana edad.
