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¿Distractores de la inseguridad, Peña y Colosio?

En más de una ocasión se ha reiterado que los tiempos no han cambiado en política. Los gobiernos de antaño y los recientes de hace dos décadas para acá en México, hacen lo que les viene en gana. Todo siempre en detrimento de la sociedad, a quien pisotean. Aunque, a decir verdad, siempre habrá una justificante para violar las leyes, total, que “para eso se hicieron”, dice un dicho que ya se ha generalizado y tomando conciencia como “que así es en la realidad”.

Al Partido Revolucionario Institucional el tiempo le ha pagado factura por su falta de transparencia en la administración pública, donde sólo unos pocos se hicieron multimillonarios y por su irresponsabilidad el país sigue sin levantar, y a pesar de esta dolorosa experiencia, los que lo han secundado en el gobierno no han sabido aprovechar la oportunidad de cambio que la ciudadanía les brindó con su voto.

Hoy, incluso, la administración federal ha incurrido en algunas fallas que ha generado desencanto a la intensa admiración y esperanza que le profirió en las urnas en 2018 más de 30 millones de votantes. La promesa de justicia contra los innombrables ha quedado a deber, aunque pareciera que se quiere reivindicar al anunciar a media semana que el expresidente Enrique Peña Nieto hizo maniobras ilegales para enriquecerse.

De ello, nada nuevo. Todos, absolutamente todos, se han enriquecido, “han robado poquito” como no los han hecho saber, pero dicen haber cumplido con desarrollo social en favor de los que menos tienen. En este aspecto, uno o dos gobernantes harían la observación de que no se robado un peso que no es de ellos. Puede ser, pero al permitir que su familia y de sus empleados que se desempeñan o desempeñaron en el gabinete, hayan sido sorprendidos en acciones fraudulentas, les convierte en cómplices y en total responsabilidad al no actuar conforme lo establece la ley.

Decíamos, La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció desde La Mañanera que Peña Nieto recibió transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021. Los recursos, fueron transferidos al exmandatario mexicano por la mujer y un hermano de Peña Nieto quienes le enviaron cheques por aproximadamente 29 millones de pesos. La familia consanguínea, dijo Pablo Gómez, registró retiros por 189 millones 857,108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523,677.17 pesos entre 2013 y el año en curso.

Sin duda, una bicoca para todo el recurso al que tuvo acceso el ex presidente y como lo han tenido todos los que han gobernado este país. El fondo del asunto es que vivimos tiempos electorales adelantados y, por ende, esta denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera empezó a mover las piezas del juego de ajedrez de acá al 2024 con el único fin de desacreditar a la tambaleante coalición que han armado el PAN, PRI y PRD.

No hay una justificante sólida en qué pensar que no sea ésta última, sobre todo, si se toma en cuenta que a la UIF le costaron casi cuatro años en obtener resultados concretos de su investigación en cuanto a la desviación de los recursos que no le ven transparencia en su procedencia.

¿Por qué hasta este momento se da este anuncio? ¿Se querrá distraer la visita que está haciendo el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al denunciar la persecución política que de él hace el gobierno federal? O que acusa se quiere distraer por la inseguridad que está “matando” al país. Lo que dijo Peña sobre la acusación de que se le permita aclarar su situación patrimonial sale sobrando, no tiene importancia.

Ahora bien, a quién se le ocurrió sacar a flote el caso de Luis Donaldo Colosio, asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994, cuando estaba en su apogeo el surgimiento del EZLN. Son 28 años de distancia y hoy, como coincidencia, la Fiscalía General de la República reabre el caso del excandidato presidencial del PRI.

¿Está mal que se inicie la investigación? ¿Habrá castigo para los involucrados? ¿28 años después se descubrirá al principal responsable que ordenó el aniquilamiento de Colosio? ¿Vivirá el culpable o sigue gozando de cabal salud el autor intelectual? Preguntas que quizás no se sabrán en lo inmediato o nunca las sabremos. Lo que sí coincidimos es que no hay ninguna acción que no tenga fondo premeditado.

Esta semana y las que siguen se hablará del caso Colosio, quien hoy tuviera 72 años, así como de Peña Nieto, quien cuando sucedió el magnicidio tenía 28 años de edad, datos curiosos que se suben a la palestra. Uno por hombre ejemplar y otro por corrupto, según los ha estigmatizado el gobierno federal con sus recientes acciones. 

Ante este escenario, lo idóneo, lo lógico, lo transparente, lo correcto, es que Pablo Gómez debió darle continuidad a su investigación, en silencio, presentado la denuncia penal y entonces, sí, difundirlo. El caso Peña, no lo dude, es un distractor más para apaciguar los ánimos y distraer. Bienvenidos Peña y Colosio a las reseñas. El golpe mediático está ahí, presente y formará parte de las tertulias en las mesas mexicanas.

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