COVID-19 no es un chiste; protejamos la familia
De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, desde el 31 de mayo hasta el 12 de julio, las variantes del coronavirus afectaron a 475 mil 293 mexicanos, una cifra mayor de contagios que los 425 mil de la primera oleada y a los 463 mil de la segunda.
El 29 de junio, la Organización Mundial de la Salud advirtió que a escala global se había suscitado un incremento de 20 por ciento en el número de transmisiones, pero en nuestro país crecieron 49 por ciento.
¿Qué está pasando en México? ¿Por qué cuando veíamos que ya nos acercábamos al final de la pandemia volvemos a la crisis, con la diferencia de que hay menos muertes en comparación con otros periodos?
La respuesta está en que nos confiamos, en que bajamos la guardia a pesar de que las autoridades advertían que la pandemia no había acabado. Hoy es común ver a la gente sin cubrebocas en las calles, en el transporte colectivo, en las tiendas, en las plazas, en los cines, en fin, en todos lados, y con una mayor movilidad social.
La desobediencia a los llamados reiterativos del gobernador Rutilio Escandón Cadenas desde la Mesa de Seguridad se tomó a cantaleta, a un desaire que hoy se está pagando caro en la salud y en la economía de las familias.
Vemos como en las instituciones de salud o en farmacias donde hacen pruebas rápidas de COVID, la gente hace fila para corroborar si sus síntomas son relacionados al coronavirus. Una prueba tiene un costo promedio de 360 pesos, más el tratamiento se invierte como mínimo mil 500 pesos por personas. Si a este tema se le suma que lo más seguro es que quien sale positivo ya contagio a la mayoría de la familia, el daño económico es enorme.
Y en este caso no sólo es la afectación económica, también están las secuelas posibles en caso de que uno de los afectados tenga alguna enfermedad crónica, que le puede afectar y culminar en un desenlace inesperado.
Hoy vemos que instituciones como el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social no se dan abasto para atender a la gran cantidad de pacientes que acuden para hacer efectiva su incapacidad, situación que afecta la productiva de las empresas e instituciones de gobierno federal para las que trabajan.
Es cierto, el impacto que se generado en la salud del paciente es menos riesgoso cuando ya se han vacunado contra el COVID. Aun así, los estragos del virus se reflejan por el descuido de la ciudadanía que tomó a relax esta nueva ola de la pandemia. Los expertos de la salud han dado a conocer que el riesgo más alto es para aquellas personas que han sido renuentes a vacunarse por ignorancia en los efectos positivos.
Por lo pronto, por lo que sea, tenemos que aprender de las nuevas dolorosas experiencias. La ´población debe tomar conciencia de que debe prevalecer el respeto hacia los demás, en el sentido de que a sabiendas de que tienen síntomas o peor aún, son positivos a COVID, anden por la calle como sin nada contagiando pues ello no es de humanos, es a secas, una canallada.
Hagamos lo posible por acudir a los módulos a aplicarse la dosis. Los efectos son menos peligrosos, está comprobado, ya que ahora son sólo 5, máximo, siete, los días que dan de incapacidad. Y una cosa muy cierta es que el gobierno mexicano ya no cerrará negocios, escuelas, parques de diversión. Seguirá la vida normal porque ya aprendió que la economía, el desarrollo social y la educación, no pueden estancarse de nueva cuenta.
Si queremos salir de esto, urge que volvamos a asumir la responsabilidad anterior. Tomar las medidas sanitarias. Tanto por salud como por respeto. Porque algo ha quedado claro: esta lucha es de todos. Si uno se cuida, cuida a los demás; pero si ese uno no se cuida, todos los demás sufren las consecuencias. Igual que ahora.
