Iniciativa cuestionable
Al parecer, y por lo que se ve a simple vista, a la presidenta Claudia Sheinbaum la están metiendo en un callejón sin salida cuando sus asesores le inventan iniciativas que, en la práctica, ponen contra la pared al partido en el poder.
Si la presidenta de México dice que la iniciativa que presentará en breve a la Cámara de Diputados para crear un mecanismo que permita a los partidos políticos consultar información de seguridad sobre aspirantes a candidaturas para las elecciones estatales y municipales de 2027 debe tomarse como referencia de que partidos como Morena, asegura, son ejemplo de que sus candidatos han sido previamente investigados para verificar que no estén coludidos con algún grupo criminal. Si este es el punto de referencia, entonces sí que estamos en problemas.
Y se está por entrar en un laberinto, porque justamente son los problemas de políticos y candidatos que hoy forman parte de cargos de elección popular —o que formaron parte de ellos— los que están señalados en investigaciones de las áreas de justicia o, simplemente, por ser vox populi.
Por el comportamiento de algunos militantes de Morena, hoy este partido está en la mira de las autoridades de Estados Unidos; tanto así que, hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dice, está bajo la lupa de la justicia norteamericana por la protección que dio a los cárteles de la droga, a los actos de corrupción relacionados con el huachicol y a gobernadores señalados por las mismas causas.
En el anuncio se explica que se enviará al Congreso una iniciativa de reforma para evitar que personas con vínculos con la delincuencia organizada puedan participar como candidatos en procesos electorales. Será una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la que se encargue de escudriñar el currículo de los próximos candidatos que participen en la elección de junio de 2027.
La mandataria explicó que la propuesta surge a partir de experiencias recientes relacionadas con presuntos nexos entre autoridades municipales y grupos criminales, por lo que se busca fortalecer los mecanismos de revisión y control de candidaturas.
Si hablan de lo ocurrido en Morelos o Jalisco, donde militantes de menor rango de Morena y Movimiento Ciudadano fueron detenidos por sus nexos con el narco, olvidan que los señalados hoy por la justicia de Estados Unidos llevan el sello del Movimiento de Regeneración Nacional y son personajes de gran calado.
Ahora bien, la iniciativa contempla que el Instituto Nacional Electoral revise que quienes aspiren a cargos públicos no tengan vínculos con el crimen organizado. Para ello, los partidos políticos deberán entregar voluntariamente la lista de sus aspirantes.
La gran pregunta es cómo detectar a quienes tienen contacto con los grupos que operan durante las elecciones, si este mecanismo normalmente sólo se descubre al final del proceso electoral. Resulta ilógico que el INE solicite información a otras instancias sobre el estatus de un candidato, porque, si dichas instituciones saben algo, lo que debieron haber hecho desde un principio es presentar las denuncias penales correspondientes para frenar la participación de los contendientes.
El INE ahora será prácticamente un ente investigador judicial para detectar que no haya presuntos nexos de más de 30 mil candidatos con el crimen organizado. La tarea está en chino, pues la comisión de consejeros que se pretende formar para encabezar las investigaciones tendrá que asumir la responsabilidad de presentar denuncias, aun cuando para ello se requieren pruebas y, en asuntos relacionados con el crimen organizado, hay razones de sobra para temer meterse en camisa de once varas.
Lo bueno de esta iniciativa es que la vox populi en ciertas regiones del país ya sabe qué políticos están encumbrados como alcaldes, diputados o gobernadores y que, de una u otra manera, están ligados al narco. Pero, en términos de justicia, los rumores no constituyen una prueba; si no, pregúntele a la Cuarta Transformación, que defiende la inocencia de sus políticos involucrados en actos de corrupción.
Esto obliga a investigar a quienes son señalados, como ocurre con Rubén Rocha Moya, a quien muchos mexicanos consideran coludido con grupos delincuenciales, aunque, según el gobierno, no existan pruebas. Y justamente ahí radica la diferencia entre el señalamiento público y la responsabilidad legal.
En Chiapas, por ejemplo, existen dinastías políticas que han gobernado durante años distintos municipios. El patriarcado reina en muchas regiones del estado, como sucede con Juan Antonio Castillejos Castellanos, en San Fernando, a quien se le señala de estar coludido con el crimen organizado; sin embargo, por miedo, nadie se atreve a levantar la mano para acusarlo. O en La Concordia, donde la familia Córdova García ha gobernado durante décadas el municipio, también supuestamente coludida con grupos criminales que operan en la zona.
Por lo pronto, en el INE nadie va a querer tomar al “toro por los cuernos” para formar parte de la comisión encargada de revisar perfiles y detectar posibles vínculos delictivos antes de las elecciones, a menos que todo termine siendo una pantomima para “tapar el sol con un dedo” y contribuya a la distracción de lo verdaderamente importante que es justicia, aplicación de la ley y no más encubrimiento de los verdaderos criminales de cuello blanco encumbrados en las esferas del poder.
