Cuál es el miedo?
La transparencia no debería ser una concesión de los gobiernos, sino una obligación inherente al ejercicio del poder. Sin embargo, en México se ha convertido en una práctica recurrente que las administraciones federales y estatales recurran a la reserva de información cuando los asuntos públicos amenazan con exhibir irregularidades, decisiones cuestionables o posibles actos de corrupción.
La fórmula es conocida: clasificar expedientes, restringir el acceso a documentos y ampararse en argumentos legales que, en muchos casos, terminan siendo interpretaciones convenientes para evitar el escrutinio ciudadano. Así han permanecido bajo resguardo contratos, estudios técnicos, procesos de asignación de obras públicas y decisiones de alto impacto que involucran recursos de todos los mexicanos.
A los gobiernos se les hace muy fácil esconder los recursos invertidos, los contratos firmados que no siguieron los cauces legales para la construcción de obras públicas de renombre o los procesos poco transparentes para elegir consejeros electorales, por ejemplo. Evitar ser cuestionados, el propósito.
Eso pasó justamente con las obras del Tren Maya, con las vacunas contra el Covid-19, con el accidente en el Puente de La Concordia, con el llamado “Culiacanazo”, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con la tragedia de Tlahuelilpan. Temas que se reservan bajo el falso argumento de la “seguridad nacional”.
La realidad es que ni la sociedad ni los grupos de derecha adversarios del gobierno han realizado manifestaciones o protestas fuera de la legalidad para exigir transparencia. El pueblo solo lee, ve y escucha, y se reserva su opinión. Los políticos y los medios de comunicación únicamente se abocan a publicar o comentar la realidad de los hechos.
Lo cierto es que ese silencio del pueblo mexicano, contrario a lo que intenta posicionar el gobierno de la Cuarta Transformación, ha comenzado a manifestarse a través del voto, y Coahuila es un claro ejemplo de ello. Ahora falta ver si en 2027 este fenómeno se confirma o si solo fue un momento de lucidez política en aquella entidad, o bien, si el hartazgo ciudadano realmente está llegando a su límite.
Dos Bocas es otro caso en el que la transparencia sobre la inversión ha brillado por su ausencia, al igual que las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito contra quien hoy es gobernadora de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle, quien fue la encargada de iniciar la construcción de la refinería ubicada en el estado de Tabasco.
También está el caso de los más de 300 candidatos que participaron en el proceso de designación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos expedientes fueron reservados por cinco años. La medida fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, a solicitud de la Junta de Coordinación Política.
Lo que ocurre en Segalmex, la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, en Petróleos Mexicanos, es otro ejemplo de que la rendición de cuentas no parece ser una práctica saludable para las instituciones públicas.
Por otra parte, a pesar de su obligación legal, los sindicatos son las entidades que más incumplen con la obligación de informar sobre el número de asuntos reservados que mantienen bajo resguardo.
Estos temas sirven de contexto para entender la reciente reserva, por cinco años, del estudio de impacto ambiental del Cablebús que construye el gobierno de Alejandro Armenta Mier, quien argumentó que dicho documento forma parte de un proceso de auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de esa entidad.
El estudio de impacto ambiental del proyecto Cablebús quedó clasificado como información reservada con base en el artículo 105, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. En términos simples, esto significa que nadie podrá solicitar dicha información mediante los mecanismos de transparencia.
Todas estas maniobras responden a la preocupación que desde un inicio mostró el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por desaparecer al INAI, objetivo que finalmente se concretó.
En consecuencia, los contratos relacionados con las obras consideradas faraónicas permanecen engavetados y la transparencia ha pasado a segundo plano. Es decir, la opacidad se ha convertido en el sello distintivo de la administración federal anterior y de la actual, así como de los gobiernos estatales afines al partido Morena.
