Ahora que «huachicol de libros», ¿a dónde vamos a parar?
¿Quién se lo iba a imaginar? Nadie en su sano juicio podría pensar que hasta en la comercialización de libros existiría lo que ahora se ha denominado «huachicol de libros». El término huachicol surgió para referirse al robo de combustibles, un fenómeno que sacudió a México y cuyo esclarecimiento sigue pendiente, a la espera de que las autoridades decidan ejercer la justicia con firmeza e investigar el proceder de personajes políticos presuntamente involucrados.
El problema del narcotráfico es otro flagelo que parece no tener fin y cuya erradicación luce todavía lejana. Durante años se ha conocido la manera en que opera y se comercializa. Lo mismo ocurre con la piratería de textiles, de artesanías y de piezas que abundan en México y, particularmente, en Chiapas, como el ámbar. Todas estas actividades forman parte, lamentablemente, de la cotidianidad del país.
Pero ahora resulta que también existe el llamado «huachicol de libros». Quienes adversan a la Cuarta Transformación no dejaron pasar la oportunidad para utilizar este término y cuestionar el fenómeno. No porque el delito no exista, sino porque el nombre con el que fue bautizado rebasa la imaginación de cualquiera.
Durante años, la palabra huachicol estuvo reservada para el robo de combustibles. Hoy, sin embargo, parece haberse convertido en sinónimo de cualquier actividad ilícita que prospera gracias a la impunidad y a la ausencia de autoridad. Ahora el turno es para los libros, un producto que debería representar conocimiento, cultura y desarrollo, pero que ha terminado convertido en una mercancía más para el crimen organizado.
La denuncia presentada por el grupo parlamentario del PAN sobre el llamado «huachicol de libros» no debería quedarse en un simple intercambio de acusaciones políticas. Más allá de quién la formule, el fondo del problema resulta alarmante. Si realmente cinco de cada diez libros que se comercializan en México son piratas y este mercado genera alrededor de 19 mil millones de pesos anuales, estamos frente a una industria ilegal que ha crecido ante la complacencia o la inacción de las autoridades.
La piratería de libros no es un delito menor. Quien piense que únicamente afecta a las grandes editoriales desconoce la dimensión del problema. Detrás de cada ejemplar ilegal hay autores que dejan de recibir regalías, así como diseñadores, correctores, traductores, impresores y libreros cuyos ingresos se ven afectados. Es toda una cadena productiva que pierde competitividad frente a quienes no pagan impuestos, violan los derechos de autor y operan al margen de la ley.
Sin embargo, el problema va mucho más allá del aspecto económico. Cuando un estudiante de medicina, derecho, ingeniería o cualquier otra disciplina adquiere un libro pirata, también corre el riesgo de estudiar con textos alterados, incompletos o de baja calidad. No sólo se falsifica el papel; también puede falsificarse el conocimiento.
Paradójicamente, México presume campañas para fomentar la lectura mientras permite que el mercado ilegal se fortalezca. La estadística es contundente: el mexicano promedio apenas lee 2.4 libros al año. Bajo ese panorama, la prioridad debería ser facilitar el acceso a libros originales y asequibles, fortalecer las bibliotecas públicas y apoyar a las editoriales nacionales, en lugar de permitir que ese espacio sea ocupado por organizaciones criminales.
Lo más preocupante es que este fenómeno difícilmente pudo crecer por sí solo. Ninguna red de distribución capaz de mover cientos de miles de ejemplares clandestinos opera sin complicidades. Si existen bodegas, centros de almacenamiento y rutas de distribución que abarcan la Ciudad de México y varios estados del país, resulta difícil creer que ninguna autoridad estuviera enterada.
No es la primera vez que el crimen organizado encuentra en los mercados informales una fuente de financiamiento. Ya ocurrió con los combustibles, los medicamentos, los cigarrillos, la ropa y ahora con los libros. Cada espacio que abandona el Estado es rápidamente ocupado por las redes delictivas.
Sin embargo, tampoco basta con exigir investigaciones espectaculares. La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Fiscalía General de la República tienen la obligación de actuar, pero también de entregar resultados. México ya está cansado de operativos mediáticos que decomisan mercancía durante unos días para que, poco tiempo después, el negocio vuelva a operar con absoluta normalidad.
Al final, el verdadero riesgo no radica únicamente en que se pirateen libros, sino en la normalización de la ilegalidad como forma de vida. Cuando termine el Mundial, los mexicanos volveremos a enfrentar la realidad cotidiana y entonces veremos si continúa esa pasividad que tanto duele o si la sociedad exige acciones concretas para combatir los problemas estructurales del país. Mientras tanto, el futbol seguirá siendo el gran escaparate de nuestras alegrías y frustraciones, en contraste con un gobierno que, para muchos, continúa mostrando una mano demasiado endeble para enfrentar los desafíos nacionales.
Como canta Marco Antonio Solís: «¿A dónde vamos a parar?». La pregunta, más que una frase musical, parece convertirse cada día en un retrato de la realidad mexicana.
