¿Entregarán a Rubén Rocha Moya a los Estados Unidos?
Al final del día, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, no es el principal responsable de esta vorágine que está «matando» lentamente a un partido que, apenas doce años después de su fundación, ha cometido acciones iguales o incluso peores que las del PRI durante casi un siglo de ejercer el poder en México.
A Morena le bastaron poco más de dos lustros para llegar al poder y consolidarse políticamente. Sin embargo, después de haber sido considerado la gran alternativa de cambio para el país, terminó convirtiéndose en una organización incapaz de encauzar las causas sociales que le dieron origen. La ambición política terminó por imponerse sobre el compromiso con la ciudadanía.
Rocha Moya no es un personaje aislado ni un simple eslabón de la cadena. El gobernador con licencia no sólo representa un objetivo para la justicia estadounidense en su intento por llegar a otros actores de mayor peso dentro de la política mexicana; también es una figura que mantiene en una situación incómoda al gobierno de la Cuarta Transformación. Todo apunta a que fue uno de los principales operadores políticos que contribuyeron a las victorias electorales de 2018 y 2024.
La férrea defensa que el oficialismo ha hecho de él parece confirmarlo. Desde que solicitó licencia al cargo, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre una sola línea de investigación relacionada con los señalamientos que pesan en su contra. Más aún, no ha sido detenido porque, según el gobierno federal, no existe ninguna prueba sobe una denuncia formal en México.
Sin embargo, las presuntas irregularidades atribuidas al mandatario, documentadas en diversas investigaciones periodísticas que apuntan a una larga lista de cuestionamientos sobre su actuación, parecen no tener valor alguno para la Fiscalía General de la República.
A media semana, una publicación de circulación nacional aseguró que Rocha Moya contaba con protección especial para evitar ser detenido por autoridades estadounidenses. La presión mediática lo obligó a reaparecer, aunque sigue sin saberse con certeza si es él quien administra personalmente sus redes sociales. Desde ahí afirmó que continúa en Sinaloa, que permanece en su domicilio y negó cualquier vínculo con el grupo criminal conocido como «Los Chapitos».
También aseguró que, tras 72 días de haber solicitado licencia, permanece a la espera del resultado de las investigaciones. Al rechazar que esté protegido por elementos de alguna corporación federal, sostuvo que ha sido víctima de una «atroz embestida mediática de calumnias e imputaciones sin sustento fáctico ni legal».
Si realmente ese fuera el caso, nada le impediría presentar las denuncias correspondientes por las supuestas difamaciones de las que dice ser objeto. El problema es que Rubén Rocha sabe que no puede caminar tranquilamente por la calle como si nada ocurriera, porque inevitablemente tendría que responder a quienes cuestionan su versión de los hechos.
Lo cierto es que las circunstancias lo colocan cada vez en una posición más comprometida. Ahí están las contradicciones y los señalamientos sobre su presunta relación con «Los Chapitos», respaldados, según diversas versiones, por las declaraciones y pruebas difundidas por Rafael «El Mayo» Zambada.
Dos episodios sobresalen en este contexto. El primero, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y uno de los principales adversarios políticos de Rocha Moya. El segundo, la información que autoridades estadounidenses han dado a conocer, dos años después, sobre el secuestro y traslado de «El Mayo» Zambada a territorio estadounidense, presuntamente con la participación de integrantes del grupo criminal «Los Chapitos».
El diputado priista Rubén Moreira sostiene que la protección del gobierno federal hacia Rocha Moya no tiene límites. Según él, la lógica es clara: «si cae uno, caen todos los demás». Por ello, afirma, lo que realmente se busca proteger no es a una persona, sino al movimiento político de la Cuarta Transformación.
La pregunta de fondo es si el gobierno de México estaría dispuesto a entregar a Rubén Rocha Moya a las autoridades de Estados Unidos o si preferirá asumir el costo político y diplomático de mantenerlo bajo su resguardo. Tratándose de Donald Trump y de la presión que podría ejercer Washington, el escenario podría complicarse aún más.
Por lo pronto, no espere que el gobierno mexicano entregue voluntariamente al gobernador con licencia. A estas alturas, pensar lo contrario sería, para muchos, pedir demasiado y eso, en el argot pueblerino, “hasta la risa ofende”.
