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Editorial

Mineros, un caso especial de distracción

Es muy difícil que los familiares de los mineros atrapados por el colapso en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila, se resignen a perder la fe de que puedan ser rescatados con vida. Contrario a ello, las autoridades federales, desde el presidente de la República hasta los cuerpos de rescate, saben que las probabilidades prácticamente se han agotado a 10 días del percance.

En este como en muchos otros temas, se pone al descubierto la forma arcaica e inhumana como son explotados los mexicanos. Esta, en especial, es una actividad en la que constantemente se ponen en peligro la integridad del trabajador que no cuenta con seguro de vida, seguro social ni demás prestaciones que la ley le confiere.

Van al día y cada vez que bajan a las profundidades, se encomiendan a Dios para poder salir airosamente. No es posible que, a 10 días del accidente, en los medios de comunicación se vaya conociendo a cuentagotas los pormenores de quién es el dueño de la mina. Es insólito que la autoridad no haya dado ni un ápice de información para que los propios familiares de los mineros sepan qué funcionario o alto ejecutivo de este gobierno esté atrás de quién los contrata.

Es inconcebible que haya manipuleo para que desde el primer día se conozca que existen drones especiales que utiliza la Marina y que pudieron estar al servicio para ingresar a la zona, como también es insólito que no haya planos de la mina y se conozca con exactitud los daños del derrumbe.

No somos extremistas ni exagerados, pero conforme pasan los días, se hace notorio que no se ha sabido manejar esta difícil situación, pues no hay dolor tan profundo como el que una madre de familia, esposa o hijos, sean engañados de que “ya mañana se entra al fondo de la mina”.

Sin ser expertos en la materia, un derrumbe por pequeño que sea es difícil de combatir, sobre todo cuando se está a cien metros de profundidad. A ello agréguele que el agua ya hizo su función de facilitar que el terreno se ablande y continué cayendo e incluso, compactar lo que ya se ha desprendido de material pétreo.

No sé es ave de mal agüero, pero las visitas de los altos funcionarios al lugar no deben ser para tomarse la foto, sino para plantear con objetividad la realidad, por muy dura o fatal que ésta sea. La presencia de los servidores públicos debe ser para presentar un plan emergente de cómo combatir este fenómeno de explotación, y principalmente, de cómo ayudarán no sólo a las familias que tienen a sus parientes enterrados bajo la mina, sino a todo el sector.

En la realidad, el que manda en este país se ha dado cuenta que por más esfuerzos que diga se estén haciendo, la situación quedará igual que cuando han sucedido otras desgracias. Eso de que se pasó a la pobreza franciscana es una cachetada a los más desprotegidos que exhiben en los hechos de qué es lo que sufren: precariedad.

La semana pasada se escuchó decir al Presidente que el lunes, después, que el miércoles entrarían, ahora sí, a rescatarlos. Terminó la semana y la situación está peor cada día. La esperanza de que pudieran estar vivos se agota. Lamentablemente si no murieron ahogados, quizás por falta de oxígeno, su situación sea catastrófica.

O no hay razón para señalar todo lo anterior cuando se escucha decir a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que están a “horas de realizar el rescate” de los mineros atrapados, “el día miércoles pasado”.

Cierto, no hay que desmerecer el trabajo siempre profesional de Protección Civil, de voluntarios, militares y miembros de la Marina. En cuanto equipo, se trabaja con lo que tiene, pero la autoridad peca –aunque no es descabellado decir que lo hace con toda intención política de desviar las miradas a los graves problemas de inseguridad que atraviesa el país-, de alargar las manecillas del reloj a un trabajo ya sabido desde un principio infructuoso.

Ahora que se presentó el colapso se ha documentado que en los últimos 16 años ha habido más de 100 muertes de trabajadores y ninguna autoridad ha velado por la indemnización a los familiares. Nos quedamos con el pronunciamiento que hizo la Red Mexicana de Afectados por la Minería: “no se pueden llamar accidentes a estos ‘desastres previsibles’ porque son resultado de la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en la que operan las empresas mineras en la zona carbonífera de Coahuila”. Pugnamos porque haya seriedad y el caso no sea objeto de distracción a los graves conflictos de inseguridad en el país, o como dice la jerga popular, que no se dé “más atole con el dedo”.

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