Pena de muerte y castración, fuera de contexto
Ante la descomposición social y polarización política que vive el país, que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, salga con su brillante idea de enviar al Congreso de su estado una iniciativa para aprobar se aplique la pena de muerte contra quienes cometan el delito de feminicidio, y se castre a violadores de mujeres, se cumple el objetivo de desviar la atención a los graves problemas que se registran en la actualidad.
Y no es que los feminicidios o las violaciones a las mujeres sea un tema menor, no. Al contrario, merece toda la atención de las autoridades para tratar de resolver este grave problema social que día a día se presenta no sólo en aquella entidad, sino en la mayoría de los pueblos del territorio mexicano.
Lo que se cuestiona de botepronto es que sea un gobernador de las filas del partido Verde Ecologista de México, filial de Morena, el que salga con esta iniciativa, cuando de antemano se tiene como precepto legal lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie…”.
Una entidad federativa no puede estar por arriba de lo que establece la Carta Magna pues para ello tendría que hacerle modificaciones que apruebe el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores. Otra cosa muy diferente hubiese sido que el mandatario exponga sus motivos a las Cámaras Alta y Baja para que se analice el tema.
Si bien en la práctica se ha corroborado y comprobado que quienes están al frente del gobierno violan la Constitución, en la historia moderna no hay ningún apartado que permita que se castigue con muerte o castración contra quienes cometen estas atrocidades.
El tema ha sido motivo de debate y como tal, la controversia y división de opiniones están asentadas en las redes sociales, donde muchos consideran que es un buen escarmiento para que quienes tengan la “posibilidad” de cometer estos atropellos se contengan.
En los Estados Unidos, el país vecino, hay 27 entidades que contemplan la pena de muerte -en tres de ellos, California, Oregón y Pensilvania, existe una moratoria sobre las ejecuciones-, y pese a que los Tratados Internacionales aducen que es una violación a los derechos humanos, las ejecuciones se realizan hasta hoy en día.
Sin entrar en la numerología, sólo basta decir que entre México y Estados Unidos hay una diferencia del 50 por ciento en la ejecución de los delitos, y justamente en el país vecino del norte el endurecimiento de las penas es que el delincuente lo piensa dos veces antes de cometer una infracción mayor que le puede costar la vida.
Además, el tema no es nuevo. En el 2020, el mismo PVEM y Morena, se juntaron para presentar una iniciativa de reforma constitucional para “eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en México. En Nuevo León, la diputada Julia Espinosa de los Monteros, propuso establecer la pena de muerte contra los feminicidas y analizar sanciones como castración química para los agresores sexuales.
Los especialistas en estas lides coinciden que es inhumano y degradante la propuesta. Lo que hace falta es mano dura y estrategias de fondo para enfrentar a la delincuencia, pero este problema seguirá por años debido a la pobre respuesta gubernamental para encauzar las causas sociales que rayan en la degradación.
Ante ello, los escenarios son elocuentes: oportunismo, cinco minutos de fama u obedecer a una orden de arriba. No habría otra respuesta para que esto prospere que terminar con la simulación de que la pobreza se extermine, de que ya no hay corrupción, de que México camine por los senderos que la ciudadanía decida, no por autoritarismo.
Endurecer las penas no es la salvación del país. Ahí están las sesudas reformas para castigar a los manifestantes en la vía pública, pero éstas continúan. Las afectaciones a terceras personas son una constante y no hay autoridad que establezca el orden. Hoy mismo una protesta en Reforma mantiene bloqueada la zona. Con razón o sin ella, prevalece.
Aplicar la pena de muerte habría que debatirse porque en las primeras de cambio, está la consigna de fabricar culpables, torturar -aunque se diga lo contrario- para obtener confesiones y salvar al Estado de una fallida estrategia. El tema, en suma, es más un distractor que una verdadera solución a la ingobernabilidad, todo por abrazar a la delincuencia.
Estamos de acuerdo que las víctimas y sus familias lo aprueban, pero la gran mayoría coincide que es, antes que nada, está fuera de contexto y responde a un discurso de odio que enrarece el ambiente legal, político y social de nuestro México.
