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Teopisca, una cronología en pos del poder municipal

Tendrá un final feliz el caso de Teopisca o se convertirá en una serie en la que el suspenso prevalecerá en cada episodio. Desde el asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz, el 8 de junio de este año, la vida en este municipio fronterizo entre San Cristóbal de Las Casas y Comitán, ha dado un cambio radical, que la paz que se respiraba, ha pasado a ser un bello recuerdo.

El alcalde fue asesinado cuando salía de su casa, ubicada en el barrio San Miguel, de la cabecera municipal, atacado por los hombres armados que lo esperaban cuando salía de su morada. De este hecho, dos personas fueron detenidas un par de días después.

Prácticamente el cuerpo del edil lo estaban velando, cuando varios “prospectos” políticos de Teopisca se pronunciaron por ser los buenos para el relevo. A partir de ahí, la desestabilización ha sido una constante.

El 24 de junio, 16 días después de que habían pasado las exequias, el Congreso del Estado designó al concejo municipal que terminaría la gestión que apenas llevaba 8 meses en funciones. En Luis Alberto Valdez Díaz, hermano del difunto, recayó la responsabilidad del cargo.

Aunque estuvo en el cargo dos meses y medio, el presidente concejal no logró poner un pie en la presidencia municipal, ya que un grupo inconforme con esta decisión, bloqueo los accesos al edificio, lo encadenó e inició una serie de protestas hasta que la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas revocó -el 6 de septiembre-, el decreto mediante el cual el 24 de junio pasado nombró un concejo municipal para Teopisca y ordenó la restitución del ayuntamiento destituido luego de la renuncia de la mayoría de sus integrantes.

Durante todo este proceso, 40 días hubo bloqueo total en las entradas y salidas del municipio, una demarcación estratégica pues sirve de enlace terrestre con los municipios de las zonas Altos y Fronteriza.

Además, las protestas, que estuvieron a punto de salirse de control, se trasladaron en varias ocasiones hasta la caseta de cobro Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal e incluido el tramo federal libre que comunica a estos dos municipios.

Durante esta cuarentena, los prestadores de servicios turísticos alzaron la voz para quejarse de la falta de aplicación de la ley, pues las pérdidas económicas fueron estratosféricas, sin embargo, aguantaron a pie firme.

Durante el desarrollo del conflicto, el Tribunal Electoral del estado de Chiapas ordenó al Congreso del estado reintegrar de manera inmediata a la síndica y regidores propietarios, suplentes generales y regidoras, con la finalidad de no dejar en estado de ingobernabilidad al municipio.

Desde siempre, el grupo inconforme, con base en la comunidad de Betania, integrada en su mayoría por gente desplazada del municipio de San juan Chamula por conflictos religiosos, tenía como su carta fuerte a Josefa Sánchez, quien a la postre, ante la presión ejercida, fue elegida como la presidenta municipal que deberá concluir la encomienda hasta 2024.

A la par, el mismo jueves 22 de septiembre, por la noche, el grupo triunfador liberó las carreteras y la comunicación terrestre se normalizó.

Sin embargo, a menos de 24 horas de este suceso que parecía pondría fin al conflicto, un grupo de siete regidores del Ayuntamiento se pronunciaron en contra de la recién nombrada presidenta municipal, porque nunca fueron tomados en cuenta ni notificados de su restitución cómo regidores por el Congreso del Estado.

“Nosotros no nos vamos a presentar a trabajar, porque el Congreso del Estado no nos notificó nuestra restitución como regidores y no reconocemos a la presidenta municipal, el motivo es eso, aquí estamos 7 regidores y no nos vamos a presentar en la presidencia, además de que impugnarán el proceso”.

En pocas palabras, las decisiones políticas tomadas para que regresara la gobernabilidad ahora pueden tener otro desenlace si la autoridad electoral determina que a los representantes populares les violaron sus derechos.

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