Consulta, militarización, el dilema
La derrota que sufrió el partido Morena en el Senado de la República, donde no logró pasar la iniciativa de que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional, mantiene una disputa cerrada con los partidos de oposición, situación que ha orillado a impulsar una consulta ciudadana que determine si los militares siguen en las calles hasta el 2028 o se van a los cuarteles.
Conocedor del entorno político, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso modificaciones a la ley para reformar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y poner en práctica las consultas populares. Su primer referéndum fue la revocación de mandato, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó casi 14 millones de votos de los 30 que le habían dado su apoyo para encumbrarlo como jefe de la nación.
La semana pasada, al no obtener la mayoría de votos, en una jugada para ganar tiempo, Morena decidió regresar a comisiones la iniciativa. Un par de días después, el presidente dijo que solicitará una consulta popular, no vinculante, para preguntarle a la población qué opina sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028.
Dijo que el propio Ejército se encargaría de hacerla, ya que si se le encarga al Instituto Nacional Electoral se erogaría mucho dinero.
Es conocido de todos que el tema tiene forma y fondo político. Todas las voces autorizadas se rasgan las vestiduras para opinar a favor o en contra. Los integrantes del partido en el poder, aquellos que son líderes, dijeron cuando eran oposición que esta acción era entrar a una dictadura. Hoy la defienden a capa y espada y se entiende no porque así lo piensen, sino porque su misión es obedecer, no rebelarse a lo que el jefe dictamina.
Se entiende que la militarización del país tiene un doble fondo. Uno, supuestamente garantizar la seguridad del pueblo de México. Sin embargo, van cuatro años de este gobierno y no ha funcionado; y el segundo, los neoliberales o personajes adversos al gobierno, consideran que es una forma muy peligrosa para darle el poder absoluto al Ejército, el cual no está capacitado para estas lides.
Un dilema extremadamente peligroso por la sencilla razón de que no hay la mínima posibilidad de que los representantes populares se pongan de acuerdo. En este gobierno no hay negociación con la parte opositora. No se recuerda que haya habido un solo encuentro con todos los partidos políticos para analizar la situación del país.
El tiempo de construir acuerdos se está terminando y en esta dinámica de medición de fuerzas en asuntos torales para el país, los únicos que están perdiendo son los mexicanos. Para el 5 de octubre es la fecha límite para para que el tema regrese al pleno, si es que se lograron consensos entre las bancadas.
En este contexto no se trata comprar o arrastrar a la mala la conciencia de los senadores, sino de aterrizar lo que le conviene al país. El que Morena, por su mayoría abrumadora no permita que los partidos sugieran agregar apartados a la iniciativa para enriquecerla y pueda pasar, demuestra que no están preparados para actuar por cuenta propia. Cierto, esto siempre ha pasado en toda la vida Legislativa.
Por ello la propuesta de que la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército se presente de forma permanente en las entidades más violentas del país, puede ser una opción válida que debe revalorarse.
Aunque si se piensa que enfrentar el crimen organizado de forma disuasiva es la solución, pues se está equivocado. No se trata de que haya enfrentamientos directos, sino de que la inteligencia militar actúe para desmembrar a los cárteles, de que Hacienda, con su lupa, intervenga las grandes cuentas bancarias de los criminales. El fin es mermar su capacidad, debilitarlos.
Qué caso tiene, por otro lado, que los militares patrullen las ciudades, si el Estado no invierte en la capacitación y adiestramiento de sus policías federales, estatales y municipales; de qué sirve estas grandes decisiones si el dinero no se invierte en lo que realmente se necesita. El “tiempo pasa volando” y cuando se den cuenta ya se llegó el 2024, el 2028 y la profesionalización de éstas, para cuándo.
Lo que el pueblo quiere es seguridad, transitar en paz y con la familia por las calles de su pueblo, de la ciudad. Se añora la paz de aquellas épocas en la que el ciudadano salía con su silla al frente de su casa para ver caer el atardecer o refrescarse del calor incesante.
Si el gobierno quiere una consulta popular -que no es consulta, sino un ejercicio ciudadano-, para preguntarle al pueblo si está de acuerdo con que las fuerzas armadas hagan la función de la policía, pues que acceda a que la realice el Instituto Nacional Electoral.
Eso dice la Constitución. No puede la Sedena encabezar la consulta pues no puede ser juez y parte, además de que, por los siglos de los siglos, este ente tiene como costumbre no “comprobar gastos”, y pues en una de ellas, el proceso que se requiere sale más oneroso, o como se dice en el argot popular, “saldría más caro el caldo que las albóndigas. Además, para tenerlo en cuenta, la Constitución en su artículo 35 prohíbe las consultas públicas sobre la seguridad nacional y las fuerzas armadas.
Todo un embrollo en la que hay de todo, menos diálogo y consensos, simplemente porque el ego es más fuerte que la seguridad de los mexicanos.
