Como en Acteal, Chiapas, Evelyn debe renunciar a la gubernatura de Guerrero
Cuando Evelyn Salgado Pineda iba a cumplir 16 años, en Chiapas, el entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro dimitía a su puesto por las presiones políticas que le produjeron la matanza de casi cincuenta indígenas de Acteal, municipio de Chenalhó, a manos de supuestos paramilitares ligados al entonces poderoso partido de la Revolución Institucional.
Veinticuatro años después, se registran en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, grotescos acontecimientos semejantes a los ocurridos en la entidad chiapaneca. La extrema violencia ha llegado al clímax total, que no hay para cuándo se tenga paz y estabilidad.
Después de tanto debate o, mejor dicho, participaciones donde predominaron las injurias, insultos, vilipendios, humillaciones y cuanto sinónimo le quiera usted poner al actuar de diputados y senadores, para finalmente aprobar la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército mexicano y que estas instancias se aboquen a realizar labores de seguridad pública, la realidad le da una bofetada a la política emprendida para combatir la delincuencia organizada.
No es posible que cerca de 300 hombres se puedan mover como “Pedro por su casa” para causar muerte y terror en un municipio enclavado en la Zona Tierra Caliente y no haya habido un solo agente policiaco estatal, federal, del Ejército o Guardia Nacional que intentara hacer frente.
Si no se ha dimensionado el poderío que tiene el grupo que se adjudicó la masacre al operar tanta gente armada y coordinarse para tapar las entradas y salidas del municipio, sí que se está en una miopía y nos restriega en la cara por qué la autoridad ha sido rebasada.
Por eso, es de risa que se continué con el mismo discurso de hace más de cuatro años, de que toda la pudrición que hay en la sociedad mexicana es herencia del pasado. La parte oficial, a estas alturas de la administración no puede salir a decir que la descomposición social viene de otros sexenios.
Por favor, gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, invente otro discurso de que la matanza no quedará impune y se detendrá a los responsables. Su salto a la gubernatura impuesta por su señor padre, Félix Salgado Macedonio, le está cobrando la factura. Ahora tendrá que emprender una misión, diríamos imposible, de ir al fondo de lo que se disputan los grupos criminales “La Familia Michoacana” y “Los Tequileros”.
La jefa de Estado “ofreció la suma de esfuerzos de todas las instituciones para restablecer la seguridad, además de ubicar y detener a los responsables; tienen un gobierno que no duda en tomar acciones precisas para recuperar la tranquilidad que desde hace varios años anhelamos y por la que nos dieron su confianza”.
La demagogia ha sido la parte central de este gobierno y tan es así que, a cuatro días de la masacre, no ha ido a pararse al lugar de la masacre para, por lo menos, dar una palmada de solidaridad a los deudos.
Lo que la gobernadora de Guerrero debe realizar es renunciar al cargo. Tener un poco de dignidad y dejar el cargo debe ser la acción inmediata para honrar a los fallecidos. En Chiapas, en la masacre de Acteal, Ruiz Ferro renunció o lo hicieron dimitir para limpiar la imagen de su gobierno.
Fue una decisión que traspasó fronteras. El declive del PRI, para ese entonces, empezaba a emprender una cruda realidad de debacle. Años antes, tras el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, otro gobernante emanado del Revolucionario Institucional, Eduardo Robledo Rincón, presentaba su renuncia como condición a la petición que había formulado el EZLN para entablar una mesa de diálogo.
Quien diga lo contario estará mintiendo, pero el caso de Guerrero se asemeja al de Acteal. En ambos casos, la omisión del Estado ha sido la principal causa del desenlace fatal.
Ya no se trata de lanzar peroratas de ayuda a las familias de las víctimas o si se indemnizará con mucho dinero, como se hizo con las familias de los mineros de Pinabete, de Sabinas, Coahuila, donde más de una docena trabajadores murieron atrapados en una mina, es una obligación atender a los deudos ante la incapacidad de brindarle seguridad.
El discurso de que la masacre no quedará impune ya está trillado. Urge combatir las causas de la descomposición social y por lo que se ve, estamos a años luz de que México camine en la dirección correcta. La política nos absorbió y en el “pecado” de los representantes populares y autoridades federales realizada a lo largo de los años, el pueblo de México está encaminado a “llevar a cuestas su penitencia”.
