Intoxicación en escuela de Bochil, una seria advertencia
La intoxicación de los adolescentes de la Secundaria en Bochil ha puesto en evidencia el mal manejo de la situación por parte de las autoridades sanitarias, no porque hayan hecho mal su trabajo desde que se enteraron del acontecimiento, sino porque como institución no han salido a dar la cara a los padres de familia y detallar lo sucedido ante los medios de comunicación, pues la ciudadanía también tiene derecho a estar informada sobre un suceso de semejante relevancia.
El caso como se ha manejado orilló a que todo mundo saque conjeturas y la multiplicación de versiones e historias reales o inventadas, rodeó un escenario desinformativo que a cinco días del suceso aún existe un vacío informativo.
Es cierto, conocer las causas que motivó que decenas de adolescentes sufrieran desmayos, dolores intestinales y de cabeza, no se dan de un día para otro y por lo tanto llevan un proceso, pero justo por esta circunstancia, la Secretaría de Salud estatal y municipal de Bochil tenían que salir a dar la cara.
Además, el problema se agrava porque existe falta de capacidad hospitalaria para albergar a todos los enfermos “contaminados”. El traslado de los muchachos fue en su mayoría por sus propios familiares, quienes vieron cómo le hicieron para llevarlos a un particular para que los atendieran de inmediato.
¿Qué fue lo que pasó realmente en Bochil? No se sabe con exactitud porque las investigaciones aún están en proceso de tener los resultados oficiales, pero sí es delicado que este fenómeno se esté registrando en las escuelas del nivel básico.
Ya la Iglesia Católica advirtió a través del arzobispo Fabio Martínez Castilla, que la familia debe tener más contacto con los hijos e hijas, pues la delincuencia se las ingenia para embaucar a los adolescentes en las drogas.
No decimos que así sean, pero los recientes acontecimientos similares en el municipio de Tapachula, en una escuela secundaria federal hacen suponer que no es casualidad el acontecimiento.
El martes se tenía programada una marcha por parte de los padres de familia para exigir aceleración en las investigaciones, pero a última hora se suspendió para darle paso a las declaraciones ministeriales de una veintena de adolescentes ante la Fiscalía de Distrito.
El lunes, la Fiscalía General del Estado informó que se realizaron 35 pruebas a igual número de alumnos de la escuela Juana de Asbaje, con resultado negativo a reactivos químicos de cocaína, opiáceos, cannabis, metanfetamina y anfetamina, pero, además, se analizan los resultados practicados en laboratorios particulares en los que tres adolescentes dan positivo a cocaína, para su correspondiente valoración como dato de prueba.
En una primera diligencia recabada por la autoridad en voz de los afectados, los menores tomaron agua después del receso, la cual les supo amarga, y posterior a la ingesta comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.
Ayer martes, José Eduardo Morales, fiscal de Justicia para Adolescentes en la entidad, confirmó que una sustancia desconocida y de color azul, fue hallada en 33 envases de agua. La pregunta es cómo es que fue puesta la sustancia en botes, termos, botellas de plástico que contenían agua y bolsas nylon, ¿quién lo hizo sin que ningún alumno o alumna se diera cuenta?
Si lo que se les suministró a los adolescentes fue cocaína o alguna droga semejante; si tomaron agua de garrafón contaminada o consumieron pasteles de chocolate presuntamente elaborados con marihuana, es la distorsionada información que la autoridad sanitaria y de la Fiscalía deben aclarar lo antes posible y encontrar a los responsables.
Además, la versión de que hubo otros desenlaces este marte por la mañana, es decir, que varios alumnos volvieron a sufrir de desmayos, urge que el tema se le dé la importancia que se merece, pues la noticia ya no sólo es local, estatal o nacional, sino que trascendió fronteras.
Hoy más que nunca, las políticas de prevención e información sobre estos acontecimientos tienen que replantarse y en las miles de escuelas que hay en la entidad, los profesores y padres de familia tienen que hacer un frente común para vigilar todo lo que entra y sale a las aulas.
El “Operativo Mochila”, ese que las instituciones y agrupaciones de derechos humanos se rasgan las vestiduras para decir que es una violación a la intimida de hombres y mujeres, debe resurgir y ser más efectivo que nunca.
Si la autoridad se ve rebasada, comisiones de padres de familia y maestros deben coordinarse para aplicarla. La medida, sin duda, hará que las mentes perversas lo piensen un poco para cometer atrocidades en perjuicio de la salud.
Estamos en lo dicho, el segundo caso de esta naturaleza es una serie advertencia para las autoridades que deben evitar que estos acontecimientos sigan presentándose en perjuicio de la adolescencia.
