No oliven el SOS en cárceles
Para nadie es un secreto que las cárceles de México, incluido Chiapas, son el azote de grupos compactos de personajes que nada tienen que perder, ya que la mayoría están sentenciados a permanecer el resto de su vida tras las rejas, por la dimensión de sus delitos cometidos.
En muchos reclusorios se han manifestado protestas por la forma en que operan, con la complacencia de las autoridades penitenciarias. Si bien en la entidad no se tienen registros recientes de motines, la huelga de hambre que iniciaron durante 24 horas 400 internos del centro de readaptación número 5 de San Cristóbal, debe ser una alerta para las autoridades que rigen y regulan a este y las demás cárceles que operan en la entidad.
Antes de que las aguas se calienten y en poco tiempo se tenga una reyerta al interior de los penales, la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal deben tomar cartas en el asunto y evaluar cada una de las denuncias que señalan los reos, quienes, a través de sus familias, hicieron llegar a los medios de comunicación el calvario que sufren.
Y lo que es inconcebible, que las irregularidades se registren a través de los encargados del penal, según dicen los internos y familias. Lamentable que las querellas sean contra el director del centro de readaptación, Hugo Alejandro Hernández Serrano y de las custodias.
Es urgente dar atención a señalamientos tan delicados como el que les cobren el 15 por ciento por los productos que sus familiares les llevan al penal. Decíamos, no nos espanta que en las tiendas que operan en el interior de los penales les cobren cuotas. Hasta en las películas se han retratado casos como en los que los “malos” son los grupos de reos que dominan, pero en este que sea el director y el contador Geovany Ramos Morales, quienes se están llenando los bolsillos de paga a base de moches, no tiene perdón de Dios, como dice el refrán popular.
Esto de pagar en efectivo a las autoridades del reclusorio para poder “estar en paz” sí que es una seria acusación. Las autoridades penitenciarias superiores o actúan de inmediato o el mundo se les puede venir encima.
Está claro que hoy los tiempos han cambiado y el uso de las herramientas tecnológicas para denunciar son factor de inmediatez. Si hubiese dilación, no sólo las autoridades locales están en peligro de ser juzgadas, sino también los altos funcionarios que tienen la decisión de que esto se resuelva a la brevedad posible.
Al interior no sólo de este sino de todos los que hay en Chiapas, los malos tratos y las violaciones a los derechos humanos por personal del reclusorio hacia los internos, debe terminar de tajo.
No queremos imaginar la situación que estén viviendo los internos que se decidieron a romper el silencio. Su integridad física, incluso, está en constante peligro.
Denuncian que no hay servicios médicos de calidad ni medicamentos que alcancen para la población que en su mayoría padece de alguna enfermedad. La mayor parte de la población que se encuentra recluido en este cereso son indígenas de la zona Altos, que, en la mayoría de los casos, sus expedientes no han sido analizados, y más de uno se encuentra en calidad de imputado sin que su victimario haya probado su responsabilidad en el delito que se le atribuye.
También hace falta que tengan abogados de oficio en lenguas maternas, ya que no pueden defenderse porque no tienen dinero para pagar un abogado.
El colmo de los colmos es que la administración del penal no tiene el recurso para adquirir, óiganlo bien, dos ollas y dos cacerolas grandes para cocinar alimentos, ya que las que tienen “están en pésimas condiciones y remendadas con alambre”. Si a estas suplicantes peticiones no les pueden remediar, entonces no llegamos a comprender qué clase de autoridades se tiene.
En tanto que Herlinda Santa Aguilar López y Olga Lidia Hernández Guillén, son las dos custodias a quienes responsabilizan de agredir a las familias de los internos.
Ojalá arriben al penal representantes de los Derechos humanos estatal y nacional, para corroborar los dichos, y que una vez que la autoridad se comprometió a resolver los problemas, los actores de la misma no sean reprimidos, golpeados, violentados o como se realizaba en el pasado, trasladados a otro penal para acabar con los conflictos.
Ojalá les cumplan, ya que, de no hacerlo, este polvorín de pólvora estaría a nada de estallar.
