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Con invasiones buscan cotos de poder

Con la novedad de que los “líderes sociales” se están organizando para volver al negocio de invadir predios. Hasta antes de este gobierno, el modus vivendi de los cabecillas era engañar a las familias necesitadas de un techo para vivir para “motivarlas” a “adueñarse» de un terreno que bien sabían tenía propietario.

Al presionar a la autoridad, ésta cedía a los chantajes y en muchos casos accedió a las presiones y les “buscaba” espacios con el único fin de desactivar un conflicto social. En este proceso, los dirigentes sacaban jugosas ganancias al vender predios que habían negociado a través del chantaje.

Hace una semana, hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó una denuncia penal por parte de los pobladores de la colonia Mirador Yuquis, en la capital Tuxtla Gutiérrez, quienes denunciaron a habitantes del predio irregular “Sabaot”, mismo que en 2020 fuera desalojado por la autoridad.

Los mismos que hace tres años estaban posesionados del predio, volvieron a retornar para invadirlo. Los protagonistas señalan que sus líderes ya han negociado con las autoridades correspondientes para que los dejen apropiarse de un terreno que no es suyo.

Argumentan que la Comisión Federal de Electricidad, la institución a la que pertenecen los 33 terrenos invadidos, no los ha reclamado y que han recibido la promesa de sus líderes sociales que no habrá un desalojo más en este gobierno.

Sin duda que la gente no conoce los fines aviesos de sus dirigentes. Ante la necesidad de tener un patrimonio propio, confía y se encierran en su mundo de que así será.

Hoy se podría deducir que ante el acercamiento del proceso electoral programado para el 2024, algunos políticos o personajes interesados en participar, buscan ponerle trabas al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas; el objetivo es hacerlo tambalear.

Desde siempre se ha conocido cómo se opera la desestabilización y esta elección no podría ser la excepción para intentar descarrilar el tren de trabajo que lleva el mandatario. Justo sería que las “orejas” que alimentan de información el segundo piso de palacio de gobierno, se pongan truchas no sea que se empiece a enrojecer el escenario político.

No se está magnificando ni se pretende ser alarmista o caer en el sensacionalismo, pero los movimientos sociales siempre tienen un objetivo, sea cual sea, éstos en algunos casos buscan el derrocamiento de algunas metas o programas.

En esta administración, en materia de regularización y recuperación de predios, los resultados han sido abrumadores, como nunca antes en la historia de Chiapas, y en este rubro, no hay antecedentes pasados como los obtenidos en la gestión, por cierto, del hoy diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca cuando se desempeñó como titular de la FGE.

Se recuperaron más de 40 mil hectáreas, 13 mil propiedades privadas y ejidal. El resto es reserva natural protegida. Se detuvieron a media centena de “líderes” que se resistieron a llevar la fiesta en paz, a pesar de que estaban acusados del delito de despojo.

Lo más importante de las acciones de justicia en la materia fue la paz social que se obtuvo con la desintegración o el “estate quieto” que se les propinó a algunas organizaciones que mantenían a raya, con palos, piedras, machete y armas de fuego, a la autoridad.

Se apagó, por ejemplo, las rebeliones agresivas del Mocri Cnpa Ez, cuyos dirigentes eran los principales invasores. A nivel nacional, el presidente AMLO prácticamente desapareció a Antorcha Campesina, organización que también en Chiapas tenía sus cotos de poder.

Reservas naturales importantes como el cañón del Sumidero, el Cerro Brujo, parte de El Triunfo y San Fernando, fueron recuperadas. Lo que se ha hecho ha estado a la altura y el reconocimiento fue unánime.

Por ello, la Fiscalía General del Estado debe intervenir y poner orden para que no haya más “vivarachos” que le buscan tres pies al gato.

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