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CEDH abre paso a las mujeres

Los nuevos tiempos exigen en automático que quienes lideren instituciones sean para mujeres. No está nada mal para darles la oportunidad de demostrar que hasta pueden ser mejores que los hombres. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se avecina la remoción del titular.

Un órgano “autónomo” o, mejor dicho, que no ha dejado de doblar las manos ante la autoridad gubernamental y no es que sea a la falta de capacidad de quienes han estado en esta institución que se supone debe estar al servicio del pueblo chiapaneco, sino porque el sistema así lo ha concebido.

Hablar en contra de Juan José Zepeda Bermúdez, quien ha estado al frente en los últimos cinco años y que busca la reelección, es intrascendente pues su actuación en la CEDH la conocen todos. No hay necesidad de perder el tiempo cuando es de todos conocido que los actores representantes de los derechos humanos llevan una labor acomodaticia.

La capacidad para encabezar las causas sociales no está peleada con los puestos a los que se asume por recomendaciones, pues se sabe con certeza que su resultado es justamente lo que el pueblo obtiene de esta dependencia que no actúa, más bien, le “recomiendan recomendar” medidas con determinado enfoque.

Si en algo sirve como descargo de culpa, esta situación adversa para la ciudadanía es un tema general que se presenta hasta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se creía que, con la llegada de Rosario Piedra, las cosas estarían a la altura del ejemplo que profirió la legendaria señora Rosario, madre de la actual titular de la CNDH.

El tan añorado cambio para bien de los mexicanos que sufren un día sí y otro también atropellos en sus derechos ciudadanos, simplemente ha sido una calamidad que se ha acentuado como regla en esta instancia “autónoma”.

Y no nos desviamos del tema central, que es el relevo en la CEDH de Chiapas, sino que se ha situado como contexto lo que impera a nivel nacional, y por esa misma razón, los chiapanecos añoran que ahora sí, con la llegada de alguna mujer, se enderece el accionar del organismo para velar, cuidar y atender cada denuncia que hombres y mujeres presenten para solicitar la intervención del ombudsman.

A dos meses de que se cumpla el periodo de Zepeda Bermúdez, las protagonistas que buscan reemplazarlo, ya alzaron la mano para participar en la convocatoria que se emitió la última semana de febrero. A partir de dicha fecha, sólo hubo dos mujeres que se registraron y con ello, cumplir con los requisitos que les marquen para inscribirse.

En marzo de 2018, los medios de comunicación alababan a Juan José Zepeda Bermúdez como la mejor opción, lo describían por petición de casi un centenar de organizaciones como un aspirante “con un perfil y trayectoria ejemplar” en el servicio público y privado, pero el tiempo se encargó de notificarles que se equivocaron.

Creemos que debe darles paso a las mujeres y alejarse, por lo menos, con dignidad. Su trayectoria como servidor público contraviene la política autónoma que debió prevalecer del sector gubernamental.

Sólo Gabriela Escudero Aramoni y Laura León Carballo hicieron válido su derecho a registrarse para ocupar la plaza. La primera es la actual delegada en Chiapas de la Fundación Michou y Mau. Una mujer con experiencia en derechos humanos, y con un gran trabajo activo en la iniciativa privada y el sector social.

De hecho, de ser ella la agraciada, la fundación que encabeza perdería a un gran elemento que ha luchado para salvarle o por lo menos, hacerle más agraciada la vida a los niños que han sufrido quemaduras. Su trabajo de gestión, coordinado con las instancias gubernamentales, es digno de reconocerse.

La otra participante es activista e integrante de la colectiva feminista 50-1, aunque años atrás su paso fue como directora del Servicio Estatal de Empleo en la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, asesora de la Secretaría de Planeación, así como consejera del IEPC.

Las credenciales están sobre la mesa, ahora veremos si con la llegada de alguna de estas dos mujeres, la CEDH se convierte en el ente de confianza que la ciudadanía exige tener para defensa de sus derechos humanos. Ni más ni menos.

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