Morena y su lapsus
Esta semana, en la Cámara de Diputados sacó revuelo la propuesta de la legisladora del partido Morena, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, quien presentó una iniciativa de reforma para incrementar las sanciones económicas para toda aquella persona que se atreva a lanzar injurias contra el presidente de México y los funcionarios del gobierno en funciones y de los poderes Legislativo y Judicial.
Sin embargo, a todos los integrantes de la Cámara Baja de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, que votaron por unanimidad para pasarla al pleno, se les olvidó, oh craso error, que el 26 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abrogaba la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917.
Desde hace más de dos años, el documento lo tenía engavetado el Senado, quien debió hacer lo conducente para los mismos efectos o desecharla.
Desde aquel entonces, los legisladores coincidieron que este apartado de la ley contenía disposiciones consideradas autoritarias. Si así se pensaba, ¿por qué el cambio de última hora? ¿Qué obedeció que la senadora haya presentado la iniciativa y los corderitos homólogos la hayan aprobado?
El motivo o la indicación de quien haya sido, hubiese tenido serias consecuencias en detrimento de la personalidad del mandatario del país, pues no sería nada ventajoso para él que se blindara y mandara el mensaje de que era intocable, y no permitir que sea mancillado en su personalidad e investidura.
Creemos que por muchas diferencias que los opositores tengan con el presidente, nada se justifica que se le falte el respeto, y, sobre todo, se ha constatado que las críticas vertidas han sido fuertes, pero sin que se salgan de los cánones del respeto o de la ofensa.
Los propios legisladores en las dos Cámaras, la Baja y la Alta, se han dado con todo y ahí, en los diversos debates que han protagonizado, se han insultado, se han metido con la familia y con la vida personal de algunos de ellos y no ha pasado a más.
Cierto, un espectáculo natural de quien viene, porque también habría que decirlo, hay oradores que se distinguen por su sapiencia y hasta da gusto escucharlos cómo le escupen en la cara sus verdades a su opositor sin que éste se dé cuenta que lo han exhibido como trapeador de cocina.
Tras ventilarse públicamente la iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador desaprobó la medida y a raíz ello, dijo que la vetaría si se continuaba adelante. El hecho está en que ahora nadie de los legisladores de Morena, Verde y del Trabajo, se hacen responsables de la atrocidad que iban a hacer, no por el aumento a la cuota que sancionaría el delito, sino porque el mensaje era que el gobierno se estaba blindando y coartando la libertad de expresión y la reivindicación del derecho a informar.
Una democracia que se dice se práctica en México sería borrada de un plumazo y emularíamos este manejo que identifican a gobiernos represores como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Nada como priorizar la tolerancia y no es que la libertad de imprenta o de expresión le dé el derecho de quienes la ejercen a injuriar, difamar o denostar. Afortunadamente para quienes ejercen la loable labor de comunicar, la iniciativa ha sido retirada y tirada a la basura.
Aunque hay que precisarlo, la presentación y análisis como tal en la sede de la Cámara de Diputados agarró en fuera de lugar a toda la maquinaria de Morena que hoy ha reculado en su intento por decir “no ha pasado nada”.
Pero sí, la posición que asume el partido en el poder refleja que su modus operandi no ha cambiado en comparación a lo que hacían el PAN y el PRI cuando eran gobierno. Por los hechos, demuestran que no han aprendido nada y siguen cometiendo errores que pueden, si no perder, si restarle muchas posiciones rumbo al 2024.
