En Yajalón, ¿displicencia por el derroche y acusaciones contra el alcalde Utrilla?
En el gremio periodístico, las marchas y manifestaciones por el asesinato de Mario Gómez, un joven que se desempeñaba como corresponsal desde la zona Norte del estado, con sede en el municipio de Yajalón, de donde era originario, no ha tenido la respuesta satisfactoria deseada, ya que a pesar de que hay dos detenidos, el autor intelectual sigue fuera del alcance de la justicia.
El periodista era un hombre inquieto, cuya característica fue develar los entramados que se “cocinaban” en esta zona por personajes de la política, caciques y gente adinerada. Su ejecución, un 21 de septiembre de 2018, ha dejado más dudas que la certeza de una fiscalía que, a la vista de todos, no ha querido llegar al fondo del asunto.
Y justo es de mencionarse, que ahora que se ha difundido por todos los medios de comunicación, la fastuosa y ostentosa fiesta del alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, quien echó la casa por la ventana para decirle al mundo que tendrá un nuevo hijo, los internautas han ventilado en las redes sociales que el presidente municipal es el principal sospechoso de haber mandado a quitar del camino a quien se desempeñara como corresponsal de El Heraldo de Chiapas, una casa editorial que hace un par de años desapareció, por cierto.
Si la ciudadanía que vive, conoce y palpa cada movimiento que se realiza desde el Ayuntamiento, hace hincapié que el edil, quien ya lleva dos trienios seguidos ocupando la cartera de presidente municipal, puede estar involucrado en este lamente hecho, pues qué mal con las autoridades de Justicia Indígena, las abocadas a realizar la investigación del asesinato, que no avanzan en las investigaciones.
Desde esta tribuna tampoco podemos señalar que así sea, pero en las conjeturas que el mismo pueblo hace de cómo ha subido la “popularidad negativa” del alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino y su enriquecimiento inexplicable, da a pensar que lo que se rumora de que anda en malos pasos es toda una realidad.
El fin de semana, el alcalde, conocido en “su pueblo” como ‘pelos de elote’, se volvió tendencia en redes de cómo presumir de un evento social privado el derroche de recursos cuando tiene enfrente a un pueblo sumido en la pobreza y en alarmantes estadísticas de inseguridad.
Si tiene el dinero suficiente para gastarlo en lo que quiera, bienvenido, está en su derecho, pero que por donde se voltee se escuche que el recurso que se dilapida es del pueblo que paga sus impuestos, eso si que calienta, como dicen los jóvenes en la actualidad.
En estos dos puntos centrales del actuar del alcalde, hacemos eco a lo que casi grita y patalean los habitantes de Yajalón: primero, que la Fiscalía General del Estado no se duerma en sus laureles e investigue a Juan Manuel Utrilla Constantino como uno de los asesinos intelectuales del periodista Mario Gómez.
Si desde la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no habrá impunidad en los crímenes contra los comunicadores -el de Mario le correspondió en la gestión que él encabeza-, lo mínimo es que ordene reabrir el caso -pues parece que ya lo engavetaron-, y se “transparente” de una vez por todas cuál fue la participación del edil en la desaparición de esta vida del compañero periodista.
¿Qué es lo que los dos detenidos del crimen tienen que decir?, ¿por qué no se ventilan sus declaraciones? Un caso que se presta a muchas interpretaciones sobre lo que se dice en radio pasillo del ayuntamiento de Yajalón, en el sentido de que el munícipe anda en malos pasos, camuflajeado con grupos de la delincuencia organizada, pues que intervenga o que le dé paso a la Fiscalía General de la República.
Y cómo segundo punto, ¿por qué el auditor Uriel Estrada Martínez no interviene para hacerle una auditoría al alcalde de Yajalón? Acaso “el quejitas” de que en esta casa editorial se le pega porque está aliado y mantiene amasiato con los alcaldes, no puede ordenar se investigue el manejo de los recursos, como lo hizo recientemente contra la alcaldesa de Teopisca, Josefa María Sánchez Pérez, donde se vio la preferencia para defender a la diputada Fabiola Ricci a quien acusaron de hacer negocios con el municipio a través de su hermano Martín.
No cabe duda que una cosa lleva a otra y lo que para algunos funcionarios estatales y municipales creen que están blindados, la realidad es que siguen siendo señalados con el dedo, a pesar de que juren y perjuren de que nada tienen que ver de lo que el ciudadano los acusa.
