Sanciones a matrimonio infantil no aplican en Chiapas
Sin duda que la reciente aprobación a la reforma al Código Penal que castigará con 22 años de prisión a quien fomente y consienta el matrimonio infantil en las comunidades indígenas y afro mexicana, es una medida ejemplar, que, sin embargo, en Chiapas tendrá sus vericuetos de violencia intrínseca comunitaria.
La propuesta validada por el pleno del senado de la República establece «un tipo penal autónomo que sancionará a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio».
El dictamen señala que este delito «sea imprescriptible y que al responsable se le imponga una pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, además de que la pena prevista aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afro mexicana.
El caso viene como anillo al dedo a esta práctica ilegal que se continúa realizando en algunos municipios indígenas del territorio chiapaneco. Sin embargo, la pregunta obligada es ¿qué tanto las autoridades locales se entrometen para sancionar esta modalidad familiar o que se concreta al calor de las copas entre los indígenas?
La respuesta es prácticamente nula porque en su mundo de usos y costumbres se hace lo que les viene en gana. Es tanto el sistema descompuesto en estas zonas del estado que atropellar y matar a un perro accidentalmente sale tan caro como comprarse un artículo de lujo en alguna tienda de autoservicio y pagar la deuda durante par de años o más.
Los padres de familias indígenas, muchas veces en su afán de deslindarse del compromiso de educar y sostener a sus hijos, violan constantemente la Constitución Política, la cual, por cierto, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos.
En una reciente investigación periodística publicada a finales del año pasado, en México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021, es decir, la estadística significa que haya 38 uniones cada día en promedio. Una cantidad exageradamente grotesca y cruel por la sencilla razón de que se violan los derechos humanos de la víctima, así como el que se le trunque su desarrollo integral.
Para mostrar el problema real que representan los matrimonios infantiles, la ONU documentó que uniones tempranas afectan al 4,45 % de las adolescentes entre los 12 y 17 años anualmente en México. Un porcentaje muy alto en la que las autoridades legislativas no han hecho absolutamente nada para normar la conducta en las zonas indígenas.
Aunque, insistimos, son palos de ciego, en el sentido de que en los pueblos étnicos aplican su ley y nadie se entromete. Lo vemos en las cuestiones políticas, donde si deciden cambiar a algún alcalde lo hacen porque así lo deciden y punto.
La razón de que hay muchos casos de matrimonios infantiles es muy sencillo, el analfabetismo está tan acentuado que no hay ley o razón alguna que los obligue a cambiar de opinión o mínimo, reflexionar sobre el sacrificio que le provocan a la niña.
El levantamiento armado en 1994 trajo consigo, por otro lado, un conflicto mayor, pues el tema de los usos agarró tanta fuerza que la violación a los derechos humanos ha sido una constante. En esta casa editorial así lo hemos dado a conocer, el movimiento despertó tanto entusiasmo que los organismos internacionales se ocuparon por apoyar el surgimiento del grupo armado para que llegara el bienestar y la autonomía de sus pueblos se respetara, pero ello provocó que los derechos humanos se invisibilizaran.
Una investigación de la periodista y maestra, Patricia de Los Santos Chandomí, realizada sobre cómo se da el matrimonio infantil nos ejemplifica que una ley como la aprobada en el Senado no cambiará, en un tiempo inmediato, las costumbres indígenas:
“La novia no conoce al novio, es el novio que se fija en una muchacha, el hombre va a hablar con el papá y la mamá, para pedirle en matrimonio a su hija, de regalo le llevan cajas de pan, plátano, refresco y posh (bebida alcohólica tradicional de los Altos de Chiapas); cuando se va el muchacho, el papá pregunta a su hija si quiere casarse con él, la muchacha puede espiar quién es el muchacho que la quiere. Si a ella le gusta, pues dice que sí, que ya se arregle el matrimonio. Si a ella no le gusta, el muchacho puede insistir hasta diez veces”.
“De acuerdo con la tradición de San Juan Chamula, luego de unirse, los esposos pueden devolver a las jóvenes si no son vírgenes, no saben cocinar, no les gusta limpiar la casa, o si lloran mucho porque extrañan su casa materna. Si esto sucede, los padres de la joven deberán regresar el dinero que recibieron para la “fiesta”, más el pago de intereses, de lo contrario, serán multados y puestos a disposición de las autoridades tradicionales”.
El ejemplo es único e impactante para la víctima, y al mismo tiempo tan delicado que las leyes mexicanas no podrán combatir a las de usos y costumbres.
