Piden apoyo a AMLO ante despidos y actos de corrupción en la ASE
Señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ahora que visita el estado de Chiapas, le hacemos de su conocimiento que la ciudadanía ha solicitado a través de nuestras redes sociales y medio impreso que componen al Diario Media Group, que seamos portavoces para que llegue hasta sus oídos algunos atropellos que se gestan en la Auditoría Superior del Estado (ASE) que dirige José Uriel Estrada Martínez.
A través de esta casa editorial, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Claudia del Carmen Hernández, dio a conocer a través de un video, cómo fue que no la dejaron ingresar a su trabajo en la ASE, bajo el argumento de que ya no entraba en los planes del grupo de trabajo del auditor por la sencilla razón de que no se prestó a formar parte de algunos movimientos de corrupción en los ajustes de las cuentas públicas de los alcaldes.
La empleada ya no pudo ingresar a laborar, ya no cobró la quincena correspondiente al mes de febrero, se le dijo que buscara un abogado porque ya no “trabajaba en la ASE” y que la despedían porque tenía un procedimiento interno que ella desconoce de qué se trata.
La víctima ya presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pero hasta hoy día no ha recibido ninguna atención, bueno, ni una llamada telefónica para conocer a fondo su caso ha tenido de algún funcionario de este ente “autónomo”.
Desanimada, cabizbaja, por la bajeza que le ha propinado el funcionario, ahora no tiene recursos para sostenerse de manera cotidiana, es madre soltera, padece diabetes, le han quitado el servicio del IMSS, y lo peor, su hija ha cancelado sus estudios profesionales en el último semestre por no tener para sufragar sus gastos.
Desde el día que le dieron el portazo en sus narices, cuenta, no ha tenido comunicación con persona alguna de Recursos Humanos de la ASE, no ha recibido llamada telefónica para saber qué pasará, y, lo peor, tuvo que buscar un abogado que le ayudó a presentar una demanda laboral ante el Tribunal Burocrático, pero en tanto se inicia el proceso que puede durar meses, hasta años, se las ve negras para subsanar gastos domésticos básicos y de salud.
La señora Claudia, añade, fue objeto de hechos intimidatorios por el clan de mujeres que están al servicio del auditor. Durante seis meses anteriores, sufrió maltrato, padeció hostigamiento laboral hasta que la echaron del edificio, como a un perro, se queja, por negarse a firmar “voluntariamente” su renuncia.
“Es correcto. Se te dijo que si firmabas o no firmabas tu renuncia ya no pertenecías a la institución”, le dijo Laura Liz Hidalgo Reynosa, subdirectora de Recursos Humanos, una de las mujeres de confianza que fue la “comisionada” para impedirle el paso a su área de trabajo el 7 de marzo.
La solicitud a que instruya, señor Presidente, se solucione su despido, es todo lo que pide la señora Claudia del Carmen.
El hecho no tendría nada de especial si tomamos en cuenta que estos episodios se dan en cualquier nivel y en cualquier dependencia, así sea en la iniciativa privada o en las áreas de gobierno municipal, estatal o federal.
Lo que se cuestionada es que el auditor José Uriel Estrada Martínez, convertido en toda una “fichita”, y a quien le señalan de ser un acosador, cuyas demandas no prosperan porque ha hecho eco a sus influencias para que las paren o por miedo, a las represiones, las víctimas han callado, nadie lo pueda tocar.
Es más, en el Congreso del Estado, ente al que tiene que rendir cuentas, llega siempre con aires de prepotencia y se atreve a decir que las cuentas públicas están perfectas, sin problema. La situación de Claudia del Carmen es tan complicada que esta semana intentará entrevistarse con el propio presidente de México.
Independientemente de esta situación de cobijo inexplicable que le hacen en la LXVIII Legislatura local, el Diario de Chiapas ha documentado los presuntos actos de corrupción del auditor que sostiene con alcaldes del estado.
Por citar casos específicos faltarían dedos de las manos, pero ahí están los ayuntamientos de San Fernando, con su edil José Antonio Castillejos Castellanos; de Simojovel, su compadre, Gilberto Martínez Andrade; de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, que forman parte de los 31 munícipes que defraudaron a la hacienda pública por más de 640 millones de pesos en 2021 y no hay a la fecha, ninguna responsabilidad penal.
No sabemos en realidad qué vaya a pasar, pero lo que sí creemos, es que con estas líneas el presidente de México se dé por enterado e instruya una investigación del comportamiento del funcionario de la Auditoría Superior del Estado, hecho que no han podido hacer los diputados y diputadas que integran la Comisión de Vigilancia del Congreso local. Una auditoría sacaría a la luz pública toda la pudrición que hay al interior de este ente gubernamental.
