Reducir jornada de trabajo laboral no es la solución
Las propuestas que se han presentado para modificar las jornadas laborales en México tienen muchas aristas, algunas a favor y otras en contra, pero, creemos, lo que no se ha contemplado es la burocracia exagera que se tiene en los gobiernos federal, estatales y municipales, y esa condición empobrece la productividad, limita y maniata a las autoridades porque en el pago de sueldos se les va mucho del recurso que debería canalizarse para acciones de educación, salud o seguridad, por citar un ejemplo.
Está perfectamente comprobado que gran parte del subdesarrollo del país en el sistema económico mexicano, hablando estrictamente en la relación de hombres y mujeres en sus contratos de trabajo con las instituciones públicas, está fracturado o no camina porque, justo hay que decirlo, el organigrama de funciones no va acorde con la preparación de la persona en sus labores específicas, de acuerdo a su perfil profesional, los puestos son por “recomendación” y al presentarse esta situación, el grueso de los trabajadores son improductivos.
También la postura de los sindicatos es un dolor de cabeza pues ahora todos los empleados antes que trabajar, pelean por derechos que la ley les contempla, pero no se ponen la camiseta para sacar adelante sus encomiendas.
Lo hemos dicho, el sistema político desde siempre ha sido el problema porque se contrata personal sin perfil y sólo llega a engrosar la nómina.
Ahora que en el Congreso de la Unión se analiza la propuesta de reducir las jornadas laborales de 8 a 6 horas para que el “trabajador sea más productivo”, según estudios realizados, la verdad que es muy cuestionable porque, para empezar, los legisladores son los primeros en poner el ejemplo de cómo no se trabaja.
En el año, los senadores, diputados federales o locales llegan dos días por semana a sesionar en el pleno durante los dos periodos ordinarios que se celebran durante cinco meses en total. De ahí celebran sesiones en comisiones, extraordinarias o solemnes, pero fuera de ello, los legisladores se la pasan en sus estados haciendo grilla o descansando en su casa.
Los ciudadanos de a pie, los que a diario luchan por el pan para sus hijos, tienen jornadas mínimas de 8 horas y en algunos casos de hasta 12 o 14 horas. En el sistema del servicio público, si bien tienen jornadas de siete horas, la productividad laboral que ejercen en el 60 por ciento de los casos es apenas de un par de horas. Las demás las utilizan para ir a traer o dejar los hijos a la escuela, desayunar, salir a tomar el fresco o echar la platicada con el compañero del escritorio de al lado.
En las empresas privadas si no trabajas tus horas asignadas te castigan o de plano, te cesan. Y descansan en su mayoría solo un día a la semana, a diferencia de los burócratas que disfrutan los sábados y domingos.
Si nos vamos a las estadísticas, son millones de mexicanos que exceden las jornadas laborales que establece la ley. La primera pregunta es si se respetarán los ajustes que hagan los legisladores, por muy atractiva que parezca reducir las horas de trabajo.
Suponemos, por lógica, que los empresarios no ven con buenos ojos la propuesta y si llegase a aprobarse, buscarán otras opciones para no perder como el bajarles los sueldos a los trabajadores y en ese proceso, disminuir la aportación que hagan al Seguro Social.
Es complicado cuando los que proponen modificaciones son el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer y, además, los nuevos emprendedores o empresarios que quieran echar a andar un negocio se les bajarán los ánimos o las intenciones porque de entrada habría que pagar como mínimo dos turnos.
No tenemos la cultura de la responsabilidad, por lo menos en el sector público, pero además, existen trabajos que necesariamente se tienen que cubrir los siete días a la semana y por lo tanto, dónde encallaría si se aprueban opciones como laborar de lunes a jueves.
Lo que sí debe vigilarse, creemos, es que la legislación vele porque a los trabajadores se les cumplan con las prestaciones de ley, incluido el pago de utilidades que está contemplado y que casi todas las empresas lo omiten.
