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Editorial

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Migración en Tapachula puede salirse de control

A los gobiernos de Estados Unidos y de México prácticamente el tema de la migración se les ha salido de las manos. No ha habido una política de contención que impida la llegada de miles de extranjeros de por lo menos 50 países a territorio chiapaneco. Su entrada ilegal a Chiapas les sirve como salvoconducto para encaminarse al norte de México y poder ingresar a la nación norteamericana.

Los programas como el Título 42 que ponía restricciones para ingresar a Estados unidos llegó a su fin este viernes, inicialmente para impedir el ingreso de migrantes por las graves consecuencias que tenía la pandemia del COVID hace tres años.

Al declarar que ésta se ha levantado de forma oficial, la cual venció a las 10 de la noche del jueves, de inmediato entró en operación el Título 8, programa que tiene 80 años de antigüedad, el cual especifica que los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Las personas que crucen sin solicitar asilo primero serán expulsadas bajo esa autoridad del Título 8.

En la práctica, las amenazas de los Estados Unidos tienen sin cuidado a miles de extranjeros que arriesgan hasta la vida con tal de cruzar y buscar trabajo en este mal llamado “sueño americano”. Esta fuerza descomunal de familias que aspiran una vida mejor en realidad es una falacia que comprueban en los hechos cuando sufren en carne propia que es casi imposible, sobre todo cuando se lleva a cuestas a niños e incluso, muchos de ellos, enfermos.

México, siempre paladín de lo que mande y ordene la potencia yanqui, no le queda de otra que aceptar atender a medias, a los migrantes que son deportados o que se encuentran varados en la frontera. Más ahora que se las fuerzas castrenses norteamericana tienen sitiada la frontera como si los migrantes fuera una amenaza para la seguridad nacional.

Y en cierto sentido, vaya que lo son, pero para México, que ha tenido que ordenar, por la petición del gobierno de Joe Biden, que no haya la extensión de más permisos para transitar por el país para llegar a los Estados Unidos.

Para nadie es un secreto que el cierre de 33 Estancias Provisionales tipo “A” y “B” con capacidad total de alojamiento para mil 306 personas migrantes sea por la mentira que inventó el gobierno federal de que se abran hasta en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluya la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinda el informe correspondiente.

Nada tiene que ver una cosa con la otra, pues si a casi dos meses de que no se le castiga al director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 personas extranjeras en una estancia en Ciudad Juárez, Chihuahua, menos que terminen en lo inmediato, la supuesta revisión de las condiciones en que se encuentran las “cárceles” migratorias.

Se trata de un argumento legaloide para obedecer a los Estados Unidos. Por eso la indicación presidencial de mandar elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, porque de antemano la sublevación de las personas estacionadas en Tapachula, por ejemplo, puede provocar que las cosas se salgan de control, como sucedió ayer donde en la Estación Siglo XXI se registró una protesta masiva de migrantes por no tener acceso a su pase oficial que les permita circular por territorio mexicano.

Un problema no delicado, sino grave, que mantiene en terapia intensiva al gobierno para maniobrar la contención de por lo menos, 50 mil gentes que se encuentran en Tapachula y municipios circunvecinos.

Por eso da risa que legisladores por quedar bien, vociferen agradecimiento al gobierno federal mexicano tras el anuncio de que reforzará la seguridad en la frontera sur. No se trata de ello, pues por si no lo sabe, es una instrucción dictada porque las cosas se pueden salir de control, y no le decidió por voluntad propia, sino porque las condiciones lo ameritan.

El diputado Isidro Ovando Medina se cura en salud hablando del tema, pero nada ha hecho para darle solución o mínimo, apoyar a las personas que sufren en carne propia esta calamidad, menos el Instituto Nacional de Migración que se llena la boca de espuma cuando afirma que “refrenda su compromiso por el rescate y salvaguarda de los derechos de quienes ingresan, transitan y salen por México en contexto de movilidad”.

Por ello, la latente amenaza de que Tapachula puede ser escenario de hechos violentos, que se salgan de control, por los miles de migrantes varados, es algo que no se debe descartar ni perder de vista.

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